Envían a la Audiencia Nacional una pieza sobre los contratos para la extinción de incendios

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) ha acordado enviar a la Audiencia Nacional una de las piezas separadas de la causa que investiga el supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios, en la que está investigado el exconseller Serafín Castellano.

El juez se inhibe en la pieza separada número uno al considerar que los investigados, entre los que hay además otros ex altos cargos de la Comunitat y de Cataluña y una treintena de empresarios de varias autonomías, integraban un “grupo criminal” que actuaba de manera coordinada en varias comunidades y en el extranjero.

En esta pieza se investigan los delitos de alteración del precio de concursos públicos, pertenencia a organización criminal, falsedad en documento mercantil, delito cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

El origen de esta causa fue una denuncia interpuesta en mayo de 2015 por la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto (Valencia), que posteriormente se inhibió y pasó a instruirla el Juzgado número 2 de esa localidad, que abrió varias piezas separadas.

Según el auto hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez entiende que esta pieza es competencia de la Audiencia Nacional, al quedar suficientemente acreditada la existencia de una organización englobada por catorce empresas que de forma continuada alteraba el precio de los concursos públicos.

El objetivo era dejar desiertos los concursos para incrementar el precio de licitación, o bien que acudiera en la mayor parte de los concursos solo una empresa, por el precio máximo de salida.

También podían presentar varias ofertas, de las que previamente sabían cuál iba a ser la adjudicataria, atentando contra la libre competencia, la equidad e imparcialidad que deben de presidir los concursos públicos, y causando con ello un importante perjuicio económico para el erario público, de forma continuada en el tiempo.

Asimismo, existen seis empresas, autodenominadas “Grupo 6”, que con las mismas premisas se concertaban para concursos públicos nacionales, autonómicos e incluso internacionales (en Portugal, Italia y Chile).

El juez añade que, “amén de orquestar sus propias normas contrarias a los principios de la libre competencia”, como respetar a toda costa sus áreas de influencia, se liquidaban de manera anual entre ellas, por ejemplo por no presentarse a concursos públicos o por hacerlo por un precio inferior al de licitación.

Respecto a la mercantil Avialsa T-35, señala que era la única empresa que se presentaba a los concursos públicos de extinción de incendios en la Comunitat Valenciana y en Cataluña, y que procedía “por medio de dádivas y regalos a favor de altos cargos” de dichas autonomías a obtener un aumento del volumen de negocio.

Dicho incremento de negocio y de facturación, añade, es consecuencia de las dádivas que percibieron los investigados: en la Comunitat Valenciana el exconseller Serafín Castellano, el ex director general de Interior de la Generalitat Pedro Hidalgo y su hijo, Javier Hidalgo, y en Cataluña Ramón Dinares, Xavier Palmes y Manuel Bosch.

Sobre Castellano, el juez señala que cuando llegó al cargo de conseller de Gobernación los contratos de extinción pasaron a tramitarse bajo los conceptos de urgencia y anticipada, y se produjo un aumento de la licitación, a la que solo concurría Avialsa, propiedad del investigado Vicente Huerta, y de los precios.

En concreto, expone que Castellano recibió un rifle Browing, que costó 1.861 euros, y 5.000 euros de la caja de Avialsa para sufragar una cacería. Además, explica que el conseller participó en una de estas monterías en 2007 que costó 43.643 euros y fue abonada por Avialsa.

Fruto de esa cacería, añade el auto, “en compensación se infiere” que Avialsa recibió un trato de favor por parte de Castellano, pues la mercantil presentó a la Conselleria una factura de 904.407 euros euros por el flete de dos aviones de incendios, que se autorizó con “singular celeridad”, pese a dos resoluciones de la Subsecretaría que alertaban de un incumplimiento de la normativa.

En los registros se encontraron facturas expedidas a Castellano en 2009 por diferentes conceptos relacionados con la caza y un importe de 9.280 euros, sobre las que existen “indicios racionales de que no fueron satisfechas por parte del investigado, sino por parte de Avialsa T-35”.