La España de las autonomías que late en el Congreso

La España de las autonomías vive también en los cajones del Congreso y en los despachos de los diputados. Una lista abundante de iniciativas procedentes de los parlamentos autonómicos y de reclamaciones locales esperan su debate como un mapa regional a punto de desplegarse.

La XII Legislatura ha comenzado y una miríada de proyectos de ley, proposiciones de ley, proposiciones no de ley, preguntas orales o escritas ven ya el terreno despejado para su tramitación o contestación.

Desde la reforma del Estatuto de Canarias a un informe sobre la tala de árboles en una zona salmantina de la ribera del Tormes, desde las inversiones del Estado en Comunitat Valenciana durante los últimos diez años al soterramiento de la vía ferroviaria a su paso por Sant Feliú de Llobregat...

Desde informes de las Fuerzas de Seguridad sobre las agresiones a guardias civiles en Alsasua (Navarra) a la desmilitarización de la zona de Malpaso en la isla de El Hierro.

Numerosas medidas que dibujan un detallado mapa autonómico de asuntos de actualidad, reivindicaciones históricas o problemas locales... Si en una ciudad de España se registra una demanda, un diputado se la lleva al Congreso.

Por haber, hay una proposición de reforma de la Constitución formulada por la Junta General del Principado de Asturias, en la que aboga por regular la iniciativa popular y encauzar los referéndums. La propuesta, registrada en julio, tiene pendiente la toma en consideración del pleno.

Dos reformas estatutarias esperan salir del cajón: la de la Comunitat Valenciana y la de Canarias.

La primera casi se pilla los dedos de tanto abrir y cerrar el cajón; su caso es llamativo.

La admitió a trámite el Congreso en la X Legislatura, tuvo que recuperarse en la XI y ha vuelto a la luz en la presente, la XII, porque en cuanto asomaba la cabeza, se convocaban elecciones. La de Canarias, en cambio, empieza a acumular polvo.

Iniciativas como éstas, o como las proposiciones de ley de las comunidades, deben pasar por las Cortes Generales por cuanto su aprobación conlleva cambiar normas de alto rango.

De hecho, de esas proposiciones de ley, el Congreso tiene en la recámara un total de cinco, como la del Parlamento vasco para crear un fondo de compensación a las víctimas del amianto o la del Parlamento gallego para que se transfiera la gestión de la AP-9.

Hasta aquí lo que concierne a la función legislativa, un campo acotado en comparación con las iniciativas de índole regional que tienen que ver con la función de control al Gobierno.

Por ejemplo, de las 3.903 preguntas al Ejecutivo para respuesta por escrito, se nota una abrumadora presencia de cuestiones locales, muchas de ellas sobre infraestructuras, y lo mismo sucede entre las 28 preguntas orales dirigidas a la comisión correspondiente.

La llamada “operación Cataluña”, como califican los partidos catalanes el caso de las escuchas en el despacho del exministro Jorge Fernández Díaz, copa una de las peticiones de comparecencia del Gobierno ante el pleno, al igual que la actuación de la Guardia Civil en el paso fronterizo de Ceuta en la noche del 10 de septiembre.

Se nota en la actividad parlamentaria el peso mediático y político de Cataluña, al menos en las proposiciones no de ley presentadas para debatir en comisión: la modernización de la red de cercanías catalana, por ejemplo, es una reivindicación casi secular y obviamente no se echa en falta en la nueva legislatura.

Una propuesta para que Barcelona acoja la Agencia Europea del Medicamento (posible consecuencia del “brexit”) y otra para dotar de partida presupuestaria a los Juegos Mediterráneos de Tarragona esperan también su turno, como lo esperan las restantes 221 proposiciones no de ley que aguardan el debate del pleno.

Los temas saltan por la geografía española y son variopintos: puede leerse una iniciativa para quitar los nombres de generales “golpistas” de las calles de Ferrol y otra para incorporar a más mujeres a la estiba del Puerto de Algeciras.

Hasta 865 proposiciones no de ley están registradas para en algún momento debatirse en comisión, desde el ensanche de una carretera bajo la línea Palazuelo-Astorga de la Ruta de la Plata a la consideración del Día de Sant Jordi como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Los grandes temas, al menos en la agenda del ministro de Hacienda, no se diluyen entre la abundancia: se ven propuestas para flexibilizar los objetivos de déficit de las autonomías o para cambiar la financiación de las comunidades.

Y a todo esto, por si fuera poco, se suma una función del diputado más desconocida: pedir informes.

Pueden pedírselos a las comunidades autónomas, como el solicitado a la Junta de Andalucía acerca de unos proyectos de Gas Natural en el Parque de Doñana.

O se lo pueden pedir a la administración general del Estado, bien para cotejar la implantación de la LOMCE en las comunidades, bien sobre el alquiler de la sede de la Agencia Tributaria en Valencia.

Quedan muchas medidas, peticiones o iniciativas que citar, pero no caben todas. La España autonómica late con fuerza en el Congreso.