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La Eurocámara pide a la defensora del pueblo investigar a la CE por el caso Barroso

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El Parlamento Europeo (PE) pidió hoy que la defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, investigue el tratamiento de la Comisión Europea (CE) a la contratación del antiguo presidente de esa institución, José Manuel Durao Barroso, por el banco Goldman Sachs.

El Parlamento Europeo (PE) manifestó estar "profundamente preocupado" por ese caso de "puertas giratorias" en una resolución aprobada por 557 votos a favor, 24 en contra y 44 abstenciones y que incorporó una enmienda presentada por los Verdes para que O'Reilly inicie una "investigación estratégica" de la actuación de la Comisión.

Además, los eurodiputados instaron a la defensora del pueblo a formular recomendaciones para la reforma del código de conducta de los comisarios.

El Parlamento consideró necesario revisar ese código de conducta que la Comisión ya ha anunciado que endurecerá al ampliar el periodo de incompatibilidad de 18 meses a dos años para los excomisarios y a tres años para los expresidentes.

Subrayó, en especial, que los conflictos de intereses en el ámbito político van más allá de las "puertas giratorias", lo que obliga a prestar especial atención a la hora de designar candidatos para puestos en las instituciones de la UE mediante "elevados niveles de exigencia y medidas concretas que eliminen todas las dudas".

Los eurodiputados también valoraron en esa resolución, en la que hicieron un balance de las actividades de la defensora del pueblo en 2015 -año en el que inició 278 investigaciones-, sus esfuerzos por promover la transparencia del acuerdo de libre comercio e inversiones (TTIP) que la UE negocia con Estados Unidos.

Además, la animaron a reclamar más claridad y una mejora de la gestión del Banco Central Europeo, especialmente en sus funciones como miembro de la troika que vigila los programas de ajuste en los Estados miembros.

Por otra parte, el pleno valoró que en 2015 todas las instituciones comunitarias introdujeran normas para la protección de los denunciantes, pero insistió en la necesidad de una directiva que les otorgue garantías mínimas adecuadas y salvaguardas para las personas que, tanto en el sector público como privado, revelen prácticas ilegales o que no respetan los estándares éticos.

La resolución respalda igualmente los esfuerzos de O'Reilly para que la representación de intereses sea más transparente.

En ese sentido, insiste en que la Comisión dé a sus actividades plena transparencia y que facilite toda la información sobre la influencia de los grupos de interés "de forma gratuita, totalmente comprensible y a través de una única base de datos en línea centralizada".

Por último, el PE saludó la reciente propuesta de la Comisión para que todas las instituciones de la Unión cuenten con un registro obligatorio de grupos de interés.

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