Euskadi da un paso más para reconocer a las víctimas de abusos policiales

Euskadi ha dado hoy un paso más para reconocer a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 a través de una ley que hoy ha superado en el Parlamento Vasco el trámite de las enmiendas a la totalidad del PP y UPyD, que han sido rechazadas, aunque la futura norma, si se aprueba, corre el riesgo de ser recurrida por el Estado.

Esta es una ley que el Gobierno Vasco se ha empeñado en que se apruebe durante este mandato a pesar de que el proyecto fue remitido el 26 de abril a la Cámara de Vitoria, casi al final de la legislatura, lo que ha obligado a apurar los plazos parlamentarios para su tramitación con el fin de que pueda salir adelante el 28 de julio, en el último pleno antes de que el lehendakari disuelva el Parlamento y convoque para otoño las elecciones autonómicas.

Pero aún no está asegurada la aprobación de la ley ya que por el momento sólo la apoya en su totalidad el PNV, mientras que EH Bildu y el PSE-EE, por diferentes motivos, quieren mejorarla durante el debate de las enmiendas parciales, y el PP y UPyD es probable que la rechacen.

Con esta ley se busca reparar y reconocer a las víctimas de motivación política que sufrieron violaciones de derechos humanos entre 1978 y 1999 mediante una norma y no un decreto, para dar mayor seguridad jurídica.

El proyecto es la continuidad de un decreto de junio de 2012, impulsado por el entonces Gobierno Vasco liderado por el socialista Patxi López, que ofreció la misma cobertura a las víctimas policiales (incluidas las que sufrieron torturas) del período 1960-1978 y que fue recurrido por la Abogacía del Estado por no exigir pruebas fehacientes de las lesiones sufridas.

Y en esta ocasión, tal y como está redactado el proyecto de ley, también el Ministerio de Interior ha advertido de que algunos de sus preceptos vulneran la Constitución y que la Comisión de Valoración -encargada de reconocer la condición de víctima- “infringe varias competencias exclusivas estatales”.

La devolución del texto al Ejecutivo vasco que pedían PP y UPyD ha sido rechazada con los votos del resto de los grupos en la sesión plenaria de hoy, por lo que el proyecto continúa su tramitación con el debate de enmiendas en ponencia y comisión antes de que llegue al pleno de finales de julio.

En el texto del proyecto no se contempla como indispensable para acreditar la condición de víctima la existencia de una sentencia firme que lo determine sino “cualquier medio de prueba admisible en Derecho”, como ocurre con otras normativas como la de víctimas del terrorismo.

Las compensaciones económicas oscilarán entre los 390.000 euros para las víctimas que acrediten una gran invalidez, los 135.000 euros para los familiares de quienes hayan muerto a consecuencia de los daños y los 35.000 euros para quienes arrastren desde entonces una incapacidad permanente parcial.

Al inicio del pleno el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido el proyecto porque es una “pieza necesaria” para la construcción de la “convivencia futura” y ha afirmado que la Administración debe subsanar la “deuda contraída con la dignidad” de este colectivo.

En la defensa de su enmienda a la totalidad, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha argumentado la falta de seguridad jurídica del texto y también las “prisas” del PNV y del Gobierno Vasco en su tramitación en lugar de llegar a consensos con los partidos. También ha criticado la ausencia en el proyecto de referencias a otras víctimas que vieron vulnerados sus derechos, como los amenazados por ETA o los afectados por la violencia callejera, que no son consideradas víctimas del terrorismo.

Gorka Maneiro (UPyD) ha constatado las “dudas jurídicas” del texto y ha criticado que el proyecto consagre un procedimiento extrajudicial para reconocer a “supuestas víctimas”.