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Exconseller de Solidaridad no investigó sobre el desvío de fondos al no creer que fuera cierto

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Exconseller de Solidaridad no investigó sobre el desvío de fondos al no creer que fuera cierto

Exconseller de Solidaridad no investigó sobre el desvío de fondos al no creer que fuera cierto

El exconseller valenciano de Solidaridad Rafael Blasco ha afirmado hoy que no investigó la supuesta compra de pisos con fondos públicos destinados a la cooperación internacional porque no dio credibilidad a las informaciones en las que se hablaba de ese supuesto desvío de dinero.

"Si me lo hubiera creído hubiera abierto una investigación", ha asegurado Blasco en el juicio que se sigue contra él y otras ocho personas en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por el supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional concedidas a la Fundación Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre) en 2008.

Según la investigación, la Fundación Cyes recibió 1,8 millones de euros de la Conselleria de Solidaridad para proyectos de cooperación internacional, principalmente en Nicaragua, donde sólo llegaron 43.000 euros, mientras que gran parte, 969.875 euros, se destinaron a adquirir cuatro inmuebles en Valencia.

El 25 % de las subvenciones concedidas a la fundación Cyes -456.960 euros- fueron a parar a la empresa Gestiones Iniciativas Arcmed, propiedad de Augusto César Tauroni, único encarcelado de los procesados en esta pieza.

En respuesta a las preguntas del fiscal Vicente Torres, el exconseller ha planteado qué interés puede tener él en que una fundación o una ONG "no destine los fondos a lo que estaban encaminados" y ha recordado que mientras él era titular de Solidaridad, a la Fundación Cyes "se le denegaron hasta 17 proyectos".

Blasco ha indicado que cuando tuvo conocimiento de estas informaciones reunió a la plana mayor de la Conselleria para que analizaran los expedientes de la Fundación Cyes, y pidió, antes de que nadie se lo pidiera, ordenarlo todo para ponerlo a disposición de la Fiscalía.

Respecto al dossier enviado a la Fiscalía, ha dicho que es posible que diera la directriz de remitir la documentación que acreditara que lo hecho era correcto, y ha validado todo lo que hizo el entonces subsecretario de la Conselleria, Alexandre Català, también procesado en la causa.

Preguntado por qué a unos certificados hechos en octubre de 2010 se les puso fecha del 8 de julio, ha indicado que el cambio de fecha se hace para ordenarlos cronológicamente y ha defendido que eso no vulnera el contenido del documento, que sigue siendo el mismo.

El exconseller ha indicado que se enteró por los medios de comunicación del supuesto desvío de fondos públicos para la adquisición de inmuebles y ha negado haber ordenado la alteración de documentos, como fichas de evaluación porque, según ha destacado, no ha visto una ficha de evaluación en su vida.

Blasco ha defendido que los expedientes por los que se concedieron 1,8 millones de euros para cooperación internacional a la citada fundación fueron "intachables" desde el punto de vista administrativo y procedimental, y ha insistido en que nadie denunció ninguna irregularidad.

El extitular del departamento de Solidaridad ha destacado que este caso arranca con la denuncia de una diputada socialista que decía que tenía información facilitada por funcionarios de la Conselleria "para meter en la cárcel a Blasco", una "rumorología" a la que no dio "mayor importancia" pues, ha añadido, "rumorología había mucha".

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