Exigen medidas que suplan las recurridas por el Gobierno en pobreza energética

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Grupo Promotor de la ILP Vivienda han reclamado hoy a la Generalitat y al Parlamento catalán la creación de nuevos instrumentos legales que suplan las medidas recurridas por el Gobierno contra la Ley de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética.

El portavoz de la PAH, Carlos Macías, ha hecho publica en rueda de prensa una nueva hoja de ruta que entregarán al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una cumbre convocada para mañana.

Las medidas impugnadas ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética (Ley 24/2015) exime a los bancos y los grandes propietarios de ofrecer un alquiler social a familias en riesgo de desahucio.

También elimina los mecanismos para dejar libre de deuda a las familias y paraliza la cesión obligatoria de pisos vacíos de la banca para aumentar el parque público de viviendas.

“La banca no tiene interés en ceder beneficios para mejorar esta situación”, ha denunciado la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano.

Para el portavoz de la PAH, con este recurso no se hace responsable a la banca, pero sí obliga a la Administración catalana a realojar a las familias desahuciadas y a dar ayudas económicas al alquiler que eviten más desahucios.

Macías ha pedido a la Generalitat que la parte de la Ley 24/2015 sobre pobreza energética “se aplique con determinación” y que obligue a las suministradoras de energía “de manera inmediata” a firmar el convenio que su organización envió al Presidente Puigdemont hace dos meses y que impedía el corte de suministros.

En materia de pobreza energética también ha reclamado “sanciones de oficio” para que no sólo las familias que sigan el proceso administrativo para denunciar cortes de energía se puedan beneficiar de esta ley.

La PAH y el Grupo Promotor de la ILP también han reclamado que las ayudas para el alquiler sean abiertas y constantes, que el Parlamento Catalán controle el cumplimiento de esta ley y que tanto la Generalitat como los ayuntamientos cumplan íntegramente la Ley 24/2015.

Macías ha pedido asimismo que los partidos que se presentan a las próximas elecciones del 26 de junio retiren este recurso cuando se forme un nuevo Gobierno y también extiendan esta Ley al resto de las comunidades autónomas.

Jordi Arañó, uno de los perjudicados por este recurso, ha declarado a Efe que su alquiler social, que ha tardado cuatro años en tramitar, está ahora paralizado.

Arañó ha afirmado que seguirá luchando para que miles de familias como la suya no se vean perjudicadas con esta medida.