Exministro dice que el M-19 buscaba el poder cuando ocupó el Palacio de Justicia

Jaime Castro, quien era ministro de Gobierno en Colombia en 1985, cuando el Palacio de Justicia fue ocupado por guerrilleros, afirmó hoy en Brasilia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que el único objetivo de esa acción era la “toma del poder”.

Castro declaró hoy como testigo de los hechos en las audiencias que la CorteIDH celebra en Brasilia sobre la cruenta ocupación del Palacio de Justicia de Bogotá por parte del Movimiento 19 de Abril (M-19), cuya recuperación mediante una encarnizada acción militar costó la vida de un centenar de personas y dejó doce desaparecidos.

El exministro negó en forma rotunda la tesis de que el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancourt hubiera facilitado la toma del Palacio de Justicia al retirar un fuerte operativo de seguridad que había en la capital colombiana.

Castro explicó que el refuerzo de la seguridad había obedecido a una visita oficial que días antes de esa acción hizo a Bogotá el entonces presidente francés François Mitterrand, y admitió que la presencia de soldados en las calles fue relajada una vez que éste dejó el país.

También sostuvo que el M-19 había interrumpido meses antes unas negociaciones de paz que había propiciado Betancourt y que decidió ocupar el Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá y a 100 metros de la sede del Gobierno, porque pretendía derrotar al mandatario.

“Cuando asaltan el Palacio de Justicia tenían el propósito claro de usurpar el poder”, pues “sostenían que la revolución era hecha con sangre y que no podía existir compasión”, declaró Castro.

Dijo además que, desde el mismo momento en que la sede de la Corte Suprema fue ocupada, el 6 de noviembre de 1985, “el Gobierno propuso una negociación”, pero que la única respuesta que encontró en la guerrilla fue que “ellos estaban ahí para vencer o morir”.

Explicó que el M-19 pretendía “juzgar al presidente de la República” y que se negó sistemáticamente a dejar el Palacio de Justicia, en el que eran mantenidos unos 350 rehenes.

Castro reconoció que Betancourt ordenó a los militares el inicio de una “operación de guerra” para recuperar el Palacio de Justicia, pero aseguró que lo hizo con la estricta recomendación de que fuera “respetada la vida de los rehenes, los magistrados e, inclusive, de los asaltantes”.

Según el exministro, a partir de ese momento la “responsabilidad” por la acción armada pasó a ser responsabilidad “exclusiva” de los jefes militares.

“El operativo mismo, si hubo excesos o no, eso es responsabilidad de los militares. El presidente (Betancourt) no asumió la dirección de los operativos de guerra, aunque sí los ordenó”, declaró.

Durante su intervención ante la CorteIDH, el exministro también defendió la política de derechos humanos implantada por el Gobierno de Betancourt.

“Hubo una política democrática”, se sancionó “una ley de amnistía generosa y amplia” y se intentó “generar un escenario propicio a la inclusión de las personas que estaban en el conflicto” armado, pero que fue rechazada por los propios grupos guerrilleros, afirmó.

Las audiencia de hoy será la última de la fase oral del proceso que la CorteIDH instauró contra el Estado colombiano por su presunta responsabilidad en lo que en Colombia se conoce como “Holocausto del Palacio de Justicia”.

Después, el Estado colombiano, los representantes de las víctimas y la CIDH tendrán un plazo aún no establecido para presentar sus últimos alegatos por escrito.

Tras un último análisis de esos documentos, la CorteIDH dejará el caso visto para sentencia, la cual espera dictar durante el próximo año.

Las audiencias sobre la toma del Palacio de Justicia de Bogotá se celebran en el marco del 49ª período de sesiones extraordinarias de la CorteIDH, que este año se realiza en Brasilia y concluirá el próximo jueves, con un seminario sobre derechos humanos.