Experto pide cambiar la Ley de Contratos Públicos para aumentar controles y que no los adjudiquen los políticos

El catedrático de Derecho Administrativo y presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, José María

Gimeno Feliu, ha propuesto este jueves al Congreso modificar la Ley de Contratos Públicos para aumentar los controles sobre los mismos y dejar su adjudicación en manos de los profesionales, es decir, ha apostado por sacar a los políticos de las mesas de contratación y que estén integradas únicamente por funcionarios.

Así lo ha planteado durante su intervención ante la Comisión Anticorrupción de la Cámara Baja, donde ha subrayado que la “utilización indebida de la contratación pública” es la causa de la mayor parte de los escándalos de corrupción en España porque en muchas ocasiones, “bajo ciertas debilidades del sistema”, los contratos se han usado para “premiar determinadas actuaciones y generar redes clientelares”.

Según Gimeno, la legislación vigente tiene un “caballo de troya”, los “portillos” que se pueden utilizar para burlarla y que se deben “corregir” introduciendo más controles. De hecho, ha denunciado que el 70% de los entes públicos que deberían por ley publicar sus contratos no lo hacen y que la Unión Europea ha cifrado en 47.000 millones el coste de la ineficiencia en la contratación.

El catedrático ha subrayado que la presencia de concejales o políticos de distinto rango en las mesas de contratación va “en contra de la idea de que estos deben ser órganos profesionalizados”, por eso defiende que formen parte de las mismas únicamente los “profesionales de la gestión de la contratación pública”, como también reclama la Unión Europea. “Cada uno a lo suyo, el político a las decisiones políticas y el funcionario a la gestión administrativa”, ha resumido.

EL SISTEMA ES “CAÓTICO” Y “PERVERSO”

Además, ha alertado de que el sistema jurídico de contratación pública en España es “perverso” porque, entre otras cosas, distingue entre administraciones y entre contratos de importe armonizado o no armonizado, lo que hace que las distintas empresas públicas o entes instrumentales puedan dotarse de instrucciones internas diferentes.

Según ha detallado, en este momento existen “más de 10.000 instrucciones internas” en esta materia que generan un “caos regulatorio” al que debería ponerse fin. “Si relajo el control de la contratación en la administración y le permito contratar de forma distinta, no es raro se creen redes clientelares”, ha constatado, abogando por aplicar las mismas reglas de contratación para todos, con independencia del importe del contrato o del ente que contrata, como se hace en el resto de los países de nuestro entorno.

En este contexto, ha remarcado que la figura del contrato negociado sin publicidad, que se va a prohibir en Cataluña, “es un mal procedimiento”, y ha señalado también la necesidad de resolver los problemas que generan en este ámbito los denominados contratos menores.

También se ha mostrado partidario de extender el recurso especial a todos los contratos y de extremar el control sobre los modificados que, a su juicio, suponen un “problema estructural en España”. “Esto es un tema clave”, ha dicho, a la vez que ha insistido en que “si no se controla, la tentación es muy fuerte”.

QUE AFECTE TAMBIÉN A LOS PARTIDOS

En este punto, ha planteado la conveniencia de dotar al Tribunal de Cuentas de “poderes ejecutivos” para controlar los contratos públicos, como ocurre en los países anglosajones, de forma que, por ejemplo puedan recurrir los modificados, sancionar a quien le niegue información o paralizar actuaciones ilegales.

Además, Gimeno considera que la Ley de Contratación Pública debería aplicarse también a los partidos políticos, en la medida en que reciben fondos públicos. “Sólo el efecto didáctico y de ejemplaridad que tendrían que dar sería una medida muy importante y detectaríamos la influencia de redes clientelares o de lobistas”, ha argumentado.