Extremadura prohibirá por ley que sus altos cargos concurran a oposiciones

El Gobierno extremeño prohibirá por ley que consejeros y altos cargos puedan presentarse a las oposiciones convocadas o desarrolladas por los ejecutivos del que forman parte.

Este acuerdo del Ejecutivo extremeño se produce justo un día después de que la exconsejera de Sanidad en el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, María Jesús Mejuto, consiguiera la nota más alta en unas oposiciones al Servicio Extremeño de Salud (SES) que ella misma convocó estando en funciones.

La vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente, ha explicado que este ha sido el principal asunto tratado hoy en el Consejo de Gobierno, y ha añadido que mientras se aprueba esta normativa, se ha acordado que todos los consejeros y altos cargos actuales renuncien voluntariamente a presentarse a ningún proceso selectivo.

La prohibición de que altos cargos puedan presentarse a estas pruebas forma parte de la Ley de Función Pública que el Ejecutivo está preparando y que, según ha precisado, es anterior a este caso, ya que su objetivo es más amplio: reforzar los derechos de igualdad, mérito y capacidad.

Sin embargo, Cristina Teniente sí que cree que la ciudadanía y los opositores reclaman “ejemplaridad” con este tipo de actuaciones y el Gobierno extremeño está interesado en transmitirle a los ciudadanos que “sus derechos no son negociables y las oposiciones no pueden tener color político”, así como que los procesos selectivos son “ejemplares y transparentes”.

A su juicio, “un alto cargo no debe aprovecharse de su posición” y ha añadido que a diferencia de lo que ocurre con las incompatibilidades de acceso al sector privado desde el público, donde sí hay avances, no ocurre lo mismo en el caso del acceso al sector público.

Teniente ha reconocido que la prohibición para concurrir a oposiciones por parte de consejeros y altos cargos “es una decisión jurídica compleja”, pero ha añadido el objetivo es conseguir que Extremadura “se sitúe a la vanguardia” en la protección de los derechos de los opositores.

La futura Ley de Función Pública también suprimirá la “designación nominal” de los miembros de los tribunales, que será sustituida por un sorteo entre los funcionarios que quieran formar parte de ellos y siempre que reúnan una cualificación y condiciones mínimas.

También se recuperará por ley la figura del observador sindical, dotándola de prestigio, se elaborará un manual de las normas de actuación para formar parte de un tribunal y se establecerá un calendario general y anual de las diferentes convocatorias de la Oferta Pública de Empleo (OPE).

Asimismo, ha explicado que están trabajando para impedir que un gobierno en funciones pueda convocara oposiciones, como ha ocurrido en este caso, y ha asegurado que la posibilidad de haber modificado los tribunales, como reclama el PSOE, “no tiene respaldo jurídico”.

Para Cristina Teniente, estas medidas “deben marcar un antes y un después” en el acceso a la función pública, ya que, a su juicio, “han sido demasiados los años de sombras que han generado incertidumbres” y que se han utilizado puestos de la administración “como trampolín de acceso”.

Cristina Teniente ha confirmado que por el momento solo dos opositores han recurrido la prueba en la que la exconsejera sacó la máxima nota, y ha avanzado que el Gobierno “no va a prejuzgar” ni avanzar actuación alguna hasta que no concluya la investigación abierta.