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El FBI no prevé cargos penales por el escrutinio del IRS a los conservadores en EE.UU.
El FBI no prevé cargos penales en el polémico caso de la presunta supervisión excesiva por parte del servicio de recaudación de impuestos (IRS) de EE.UU. a grupos conservadores, informó hoy el diario The Wall Street Journal.
En la investigación penal abierta sobre este caso, que podría continuar durante meses, no se han encontrado hasta el momento pruebas de un sesgo partidista en la actuación del IRS, según explicaron varios oficiales al citado diario.
El escándalo sobre la supuesta imparcialidad del fisco estadounidense colea desde mayo de 2013, cuando se conocieron las primeras revelaciones de que el principal organismo de la Hacienda estadounidense había supervisado de forma excesiva a grupos conservadores cuando estos solicitaron exenciones fiscales.
De acuerdo con la investigación en marcha, el IRS seleccionó a cerca de 300 grupos para una revisión especial, de los que 72 llevaban como nombre alguna alusión al movimiento conservador “Tea Party”, 13 tenían la palabra “patriota” y otros 11 mencionaban “9/12”, en referencia al “Proyecto 9/12” del columnista conservador Glenn Beck.
Normalmente, el IRS responde a las solicitudes en un plazo de nueve meses, ya sea concediendo o negando la exención, pero los grupos conservadores se quejaron entonces de que, en lugar del trato habitual, recibieron una mayor supervisión y más trabas en el proceso.
Tras estallar esta polémica, el legislador Elijah Cummings, el principal demócrata en el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, presentó documentos que demostraban que grupos progresistas habían sufrido una revisión similar a la ejercida sobre los conservadores.
El escándalo obligó a renunciar al anterior comisionado interino del IRS, Steven Miller, y el presidente de EE.UU., Barack Obama, nombró a Daniel Werfel con el objetivo de “restaurar la confianza pública” en la aplicación de las leyes tributarias.
Ya a finales de junio, Werfel reveló que la revisión “inapropiada” de las solicitudes se había llevado a cabo de una manera más amplia, aunque no especificó qué otros grupos habían sido objeto de la misma.
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