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FIDH denuncia a México ante la CPI por crímenes de lesa humanidad en Coahuila

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FIDH denuncia a México ante la CPI por crímenes de lesa humanidad en Coahuila

FIDH denuncia a México ante la CPI por crímenes de lesa humanidad en Coahuila

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) hizo público hoy un informe, que presentará mañana ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el que documenta crímenes de lesa humanidad cometidos supuestamente por las fuerzas de seguridad mexicanas en el estado septentrional de Coahuila.

Según el informe, que recoge decenas de testimonios de víctimas, las fuerzas de seguridad mexicanas cometieron entre 2009 y 2011-2012 crímenes de lesa humanidad junto el grupo criminal de los Zetas, mientras que entre 2011-2012 y 2016 fueron esas mismas fuerzas de seguridad quienes perpetraron esos delitos directamente.

La FIDH también ha usado información disponible de fuentes abiertas para documentar dos sucesos especialmente graves.

Uno es la denominada "masacre de Allende", una localidad arrasada por miembros de los Zetas durante tres días de marzo de 2011 "aparentemente como consecuencia de un ajuste de cuentas", según el documento de la FIDH.

El ataque causó decenas de muertos y se produjo sin que intervinieran las autoridades debido a que "para ese entonces los Zetas ya tenían a su servicio a los veinte policías de Allende", asegura el informe.

El otro episodio que denuncia la FIDH es el sucedido en la cárcel de Piedras Negras, que supuestamente "se convirtió un centro de operaciones de los Zetas" durante años.

"Los presos de esta organización entraban y salían a su antojo de la prisión estatal, ocultándose cada vez que eran perseguidos por las fuerzas federales", explica el documento de la FIDH.

En su interior, fabricaban "el material necesario para sus actividades delictivas (...) y a la vez internaban a personas para asesinarlas" introduciéndolas en ácido "y/o quemándolas en tanques de acero", detalla el informe.

La representante de la FIDH ante la CPI, Carrie Comer, resaltó que algunos supuestos miembros de los Zetas detenidos y juzgados en Estados Unidos ya han explicado ante los jueces la colaboración existente entre las autoridades mexicanas y el cartel.

"Eso está en los registros públicos del sistema de justicia de Estados Unidos, pero como se enfrentan a cargos de tráfico de drogas no se hace un análisis contextual de los crímenes contra la humanidad que se han cometido", indicó.

"Llegamos a la conclusión de que existe un ataque sistemático dirigido contra la población civil en Coahuila", dijo la representante de la FIDH, por lo que reclamó que la Fiscalía de la CPI abra una investigación preliminar sobre la situación en México.

Comer recordó que Coahuila se encuentra en la frontera con Estados Unidos, por lo que mantener el control territorial de ese estado significa tener acceso "a todo el tráfico de la región, no sólo de drogas sino también de armas, personas e incluso órganos".

"Antes de que los Zetas rompieran con el cartel del Golfo era un territorio en disputa. Cuando los Zetas consolidaron su control, usaron nuevas tácticas para realmente cooptar gobernadores municipales y estatales", aseguró Comer.

Los representantes de la FIDH sugirieron varias hipótesis que podrían explicar la connivencia entre los carteles de la droga y las autoridades mexicanas.

Respecto al periodo entre 2009 y 2012, consideran que se trata de un caso claro de corrupción porque las autoridades locales fueron sobornadas por los Zetas.

Sin embargo, entre 2012 y 2016, la FIDH piensa que podrían haberse dado "falsos positivos", es decir, que las Fuerzas Especiales asesinaron a víctimas inocentes que fueron presentadas posteriormente como miembros de los Zetas.

Otra posibilidad respecto a ese periodo es que integrantes de las fuerzas de seguridad "trabajaran para otro cartel", por lo que esos asesinatos habrían servido para "hacer el trabajo sucio de controlar los crímenes cometidos en el área", dijo la directora para las Américas de la FIDH, Jimena Reyes.

Desde el punto de vista penal, México es "el caso más grave" de Latinoamérica debido a "los más de 200.000 homicidios y 30.000 desapariciones forzadas en sólo diez años", aseguró a Efe Reyes.

La directora para las Américas de la FIDH añadió que esas cifras "están en los mismos niveles que las dictaduras de Argentina o de Chile y son superiores a las del conflicto en Colombia".

David Morales Urbajena

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