Familiares de 'bebes robados' exigen ante Fiscalía una investigación de sus casos tras cinco años de lucha en solitario

Decenas de afectados por el 'robo de niños' se han concentrado este lunes ante la Fiscalía General del Estado para denunciar el archivo de sus casos sin que se acometa una investigación efectiva de los mismos y censurar la “absoluta falta de interés del Gobierno” tras años de lucha en solitario. “Nos están ninguneando”, han advertido.

Más de treinta familiares de 'bebés robados' han coreado consignas exigiendo saber el paradero de sus desaparecidos y pidiendo auxilio al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, mientras portaban pancartas en las que se podía leer 'Somos la madres, padres, hermanos y abuelos. Buscamos a nuestros niños'.

Durante la concentración, los manifestantes han cortado durante unos minutos la calle Fortuny de Madrid, mientras varios agentes antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía emplazaban a no interrumpir el tráfico sin que se hayan producido incidentes.

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ha convocado la protesta cuando se cumple el tercer aniversario de la denuncia conjunta presentada ante el Ministerio Público y “cinco años de lucha en solitario”. “Pedimos investigación y justicia”, ha indicado su presidente Antonio Barroso.

Barroso ha reprobado ante los medios de comunicación la “absoluta falta de interés” del Gobierno en dar una solución a sus casos, como revela el hecho de que la última reunión del Ministerio de Justicia con las asociaciones se celebrara hace “casi un año”.

DIVERSIDAD DE CRITERIO DE LAS FISCALÍAS

A su juicio, la oficina que habilitó para atender a los afectados ha demostrado ser “totalmente inoperante”. “No ha habido ningún reencuentro y tiene muy pocos casos acumulados. El Gobierno no tiene interés alguno. Nos están ninguneando”, ha añadido.

En este sentido, el presidente de Anadir ha hecho hincapié en que los únicos reencuentros han sido posibles gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales y al “esfuerzo” de los propios afectados.

Barroso también ha puesto de manifiesto que distintas fiscalías territoriales siguen archivando sus casos por falta de pruebas, sin haberlos investigado antes, y por prescripción, haciendo caso omiso a la circular del fiscal general del Estado que tipificaba los delitos como detención ilegal permanente para evitar su prescripción inmediata. “No hay un criterio unificado de las fiscalías, depende de la zona en la que presentes la denuncia, ésta se archiva o sigue adelante”, ha concluido.