Familias de exfuncionarios panameños presos acudirán a la justicia internacional

Las familias de dos exfuncionarios del Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), en prisión preventiva por corrupción, denunciaron hoy las supuestas “violaciones de derechos humanos” que sufren sus familiares y dijeron que se plantean acudir a los organismos internacionales.

“Pensamos poner un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, apuntó Maricel Cohen, esposa del exministro de Seguridad Jose Raúl Mulino, detenido hace dos semanas por estar implicado en la compra con supuestos sobrecostes de una veintena de radares a una empresa subsidiaria del conglomerado italiano Finmeccanica.

Según Cohen, el Ministerio Público de Panamá ordenó la detención preventiva de Mulino a pesar de que “no existía riesgo de fuga” y de que las acusaciones que pesan sobre su marido “se basan en recortes de periódicos”.

La Fiscalía panameña tampoco tuvo en cuenta, agregó, que está “gravemente enfermo de embolia pulmonar” y que necesita un tratamiento médico especial.

“Si a mi esposo le pasa algo debido a su enfermedad, la señora fiscal, la señora procuradora y toda la parte del Gobierno que mira de un lado y se pone sordo, van a ser responsables”, declaró Cohen durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.

Por su lado, May de Garuz, cuñada del exdirector del Consejo de Seguridad, Alejandro Garuz, en la cárcel desde noviembre de 2014 por el caso de las escuchas ilegales, dijo que la acusación que pesa sobre él “no implica detención preventiva” y que éste sufre también “graves” problemas de salud.

“El error del Gobierno ha sido la forma de hacer las cosas pisando los derechos humanos. Si hay algo que investigar, ponle una medida cautelar de casa por cárcel, ponle un grillete que no pueda salir de su casa, pero por que meterle en la cárcel”, sugirió May de Garuz.

Las dos mujeres forman parte de SOS Panamá, un movimiento creado recientemente por la esposa de Martinelli, Marta Linares, que tiene como objetivo denunciar la “persecución política” que, en su opinión, sufren los altos cargos de la pasada administración.

Sin embargo, según admitieron en la rueda de prensa, las familias de otros detenidos rehusaron comparecer ante los medios por miedo a sufrir “represalias” o a perjudicar los procesos judiciales de sus parientes.

En la actualidad, se encuentran en prisión preventiva cuatro exministros y otros cinco tienen prohibido salir del país. También están procesados una veintena de ex altos cargos y una docena de empresarios vinculados a Martinelli.

Desde que asumió el poder en julio de 2014, el Gobierno de Juan Carlos Varela ha presentado al menos 200 denuncias por corrupción contra funcionarios del pasado gobierno.

“Es una venganza política”, argumentó la mujer de Mulino, que intentó comparar la detención de su marido con la situación política que sufre Venezuela.

Martinelli, por su parte, que tiene seis procesos abiertos en la Corte Suprema de Justicia de Panamá (la única que puede juzgarle por su condición de diputado centroamericano), abandonó el país el pasado 28 de enero y, según sus abogados, se encuentra en Miami (EEUU), desde donde agranda la teoría de la “persecución política”.