Fedea aboga por amplio pacto para revisar a la vez la financiación y el cupo

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Avanzada (Fedea), Ángel de la Fuente, considera que hubiera sido “muy preferible” buscar un amplio pacto para mejorar y coordinar a la vez el sistema de financiación autonómica y los regímenes forales vasco y navarro.

En concreto, De la Fuente ha hecho un análisis pormenorizado de la nueva ley del concierto económico vasco y la de señalamiento del cupo que se aprobarán mañana en el Congreso, lo que ha molestado a algunas de las comunidades de régimen común -todas menos País Vasco y Navarra- porque su sistema de financiación está pendiente de revisión desde hace tiempo.

La ley del cupo cuantifica la aportación de las haciendas forales vascas al Estado en el año base del quinquenio 2017-21 y fija los parámetros para el reparto de la recaudación del IVA entre ambas administraciones en base al consumo.

Según De la Fuente, es “muy difícil” evitar la conclusión de que el importe del cupo es “fruto directo de un pacto político que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto, ajustando la valoración de las cargas no asumidas de la forma que sea necesaria para llegar a la cantidad final pactada”.

Algo similar sucede, a su juicio, con el ajuste a consumo del IVA, que en la práctica “poco o nada” tiene que ver con la distribución real del consumo y la producción entre el País Vasco y el resto de España.

Para De la Fuente, esa forma de proceder cuando un gobierno necesita el apoyo de otras fuerzas para sacar sus proyectos, especialmente de los nacionalistas, “no es la mejor forma de avanzar hacia un diseño coherente y equitativo” del modelo de financiación territorial.

Así las cosas, De la Fuente aboga por revisar los dos sistemas a la vez, el foral y el de régimen común, blindando su diseño frente a consideraciones de corto y medio plazo.

Y pese a que cree que es posible avanzar mucho en esta línea manteniendo el régimen foral, precisa que sería necesaria una revisión “en profundidad” de la forma en la que éste se aplica para ir adecuando el cálculo del cupo y del ajuste del IVA a los criterios que fija la propia Ley del Concierto, que hasta ahora se han ignorado en la práctica.

Eso permitiría comenzar a reducir gradualmente las “enormes diferencias” de financiación por habitante ajustado que existen en la actualidad entre los territorios forales y el resto del país, y reconducir de este modo una situación con “muy dudoso encaje constitucional” y que ha contribuido a generar “fuertes tensiones territoriales”.