La Federación Iberoamericana de Ombudsman abordará en España la pobreza y la educación

La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) analizará la próxima semana en un congreso en Santa Cruz de Tenerife (España) problemas como la pobreza, el acceso a la vivienda digna y la educación de calidad.

El congreso se celebrará en el marco de la XXI Asamblea General Ordinaria de la FIO que tendrá lugar el 23 y 24 de noviembre, indicó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, que preside Roberto Herrera, en un comunicado.

La asamblea será precedida de un congreso en el que se abordará como tema central “la pobreza, dignidad y derechos humanos”, indicó el organismo hondureño.

La presentación del tema de la “pobreza, dignidad y derechos humanos” estará a cargo Herrera, quien sugirió incluir esa iniciativa en la agenda de la FIO.

La extrema pobreza, el hambre, la desnutrición, el derecho a la vivienda, servicios básicos adecuados, la educación inclusiva y el acceso a la formación profesional de calidad, serán temas de la agenda durante la jornada de la FIO.

Herrera, quien es vicepresidente del Consejo Rector de la FIO, indicó que “la pobreza niega la dignidad y los derechos humanos y es una amenaza que impide el desarrollo sostenible, la libertad, la paz y la democracia”.

A la inauguración del evento asistirán la defensora del Pueblo de España, Soledad Becerril; el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente de la FIO, José Francisco Faría, y el diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra, añade el comunicado del organismo hondureño.

Las conferencias del Congreso de la FIO estarán a cargo de la peruana Olenka Ochoa Berreteaga, experta en temas de vivienda y servicios básicos, y el investigador y profesor universitario centrado en las políticas educativas en el ámbito de la “atención a la diversidad” y “educación inclusiva”, Gerardo Echeita.

La FIO, creada en 1995, aglutina a 104 defensores del pueblo, procuradores, proveedores, presidentes de comisiones nacionales o estatales de derechos humanos de 20 países de Iberoamérica.