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Fernández de Moya advierte a los funcionarios catalanes de responsabilidades penales si no remiten la información

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha recordado a los funcionarios públicos catalanes de que sean "plenamente conscientes" de que tienen la obligación de remitir la información que el Gobierno de España les va a requerir semanalmente, ya que, de no ser así "se enfrentan a la asunción de responsabilidades contables, administrativas y penales".

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"El Gobierno de España no va a consentir, no va a tolerar que ni un solo euro de los catalanes se destine a un referéndum que es ilegal", ha dicho Fernández de Moya a los periodistas durante su visita a las obras de la balsa de Cadimo, en Jaén capital.

La advertencia a los funcionarios catalanes lleva nombre y apellido y ha estado dirigida tanto a la interventora general de la Generalitat, así como a los interventores de las correspondientes consejerías como responsables de esas unidades de centros de gastos donde no haya interventores pero sí responsables económicos y financieros del resto de entes públicos, al director general de Presupuestos y al director general de Tesoros, Seguros y Política Financiera.

Ha subrayado que España es un Estado de derecho y como tal "hay que cumplir las resoluciones y las sentencias del Tribunal Constitucional" una vez que en sentencia del pasado 5 de julio se ha decretado la nulidad del programa 132 que se recoge en los presupuestos de la Generalitat bajo el epígrafe de organización de procesos electorales.

Fernández de Moya ha apuntado que el Gobierno va a estar "atento y vigilante, de manera minuciosa, a que no se lleve a cabo un proceso refrendario que es ilegal y que el TC ha dicho claramente, porque ha expulsado del presupuesto esa disposición, al declararla completamente nula e inconstitucional".

Ha recordado que el pasado viernes 21 de julio ya hubo un acuerdo de la comisión delegada de Asuntos Económicos para reforzar el control económico financiero y presupuestario hacia la Generalitat de Cataluña. De ahí que se haya dirigido "de manera muy expresa" a los funcionarios antes citados para solicitarles información.

"Tienen la obligación de remitir semanalmente al Gobierno del España un certificado donde se ponga de manifiesto que ni un solo euro de los mecanismos adicionales que estamos llevando a cabo como medidas extraordinarias de liquidez están siendo destinados a un proceso que es ilegal e inconstitucional y que el Tribunal Constitucional ya ha decretado su nulidad anulando el programa 132", ha dicho el secretario de Estado de Hacienda.

Ha añadido que la información que le tiene que remitir al Gobierno de España "debe ser veraz, fiel, real" y será el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública el que "establezca la idoneidad de la información que se le solicita" y que debe entregarse en tiempo y forma, además de responden de manera fiel a lo que se le ha solicitado.

Ha añadido que este lunes, "a las 14 horas y 16 minutos", se ha vuelto a hacer un requerimiento a la Generalitat, una vez expirado el plazo de 48 horas sin que el ejecutivo catalán haya remitido la información que se ha pedido.

"Estamos a la espera de la respuesta", ha dicho Fernández de Moya, y ha añadido que cuando llegue la información "se analizará con todo el rigor y con toda la prudencia, de manera concienzuda, para ver si obedece a la realidad y tiene plena veracidad".

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