Ferran Falcó se desmarca de las comisiones porque no tuvo un papel ejecutivo en Adigsa

El diputado de CiU y expresidente de Adigsa Ferran Falcó, imputado por una presunta malversación en la empresa de vivienda pública de la Generalitat, se ha desmarcado hoy del cobro de comisiones en obras de reforma de pisos y ha alegado que sus competencias eran sólo políticas, no ejecutivas.

Falcó ha comparecido hoy como imputado durante poco más de media hora ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Núria Bassols, que investiga una supuesta trama de cobro de comisiones en obras de reforma de viviendas de segunda mano de protección pública en la empresa de vivienda pública de la Generalitat Adigsa durante la etapa del gobierno de Jordi Pujol.

Ferran Falcó ya declaró como imputado en 2006 a raíz de una querella que presentó la Fiscalía tras la alusión de Pasqual Maragall al cobro de comisiones del “3 por ciento” en los gobiernos de CiU, pero hoy ha tenido que volver a comparecer ante la justicia porque, tras años de instrucción, el TSJC ha asumido el caso dada su condición de aforado desde 2010, como diputado catalán.

En declaraciones a los periodistas tras comparecer ante la juez, Falcó ha señalado que no sólo no cobró comisiones sino que durante su etapa al frente de Adigsa desconocía que pudiera haber algún intermediario que se pusiera de acuerdo con algún constructor para sacar un “beneficio particular”, porque no tenía ninguna intervención en las obras menores que adjudicaba la empresa pública.

“Yo no sabía si en un piso de segunda mano que se estaba remodelando, para sustituir una bañera por un plato de ducha o para pintarlo, había alguien que se ponía de acuerdo con otra persona para sacar un beneficio particular”, ha insistido Falcó, que ha recordado que a él nunca nadie le ha acusado de ser el receptor de ninguna comisión.

Falcó ha mostrado su malestar por el retraso judicial y ha lamentado que cuando estalló el caso, tras una denuncia pública del entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall en 2005, la causa se vio como la “punta de un iceberg” sobre una supuesta financiación irregular de CDC.

El diputado de CiU ha recordado que el “caso Adigsa” ha quedado finalmente reducido a un tema menor. “Quizás hubo alguien, que no soy yo, un intermediario, que podría haber cobrado una comisión cuando daba obras menores a pisos”, ha señalado.

Según Falcó, en su etapa al frente de Adigsa ejerció una “presidencia muy política”, ya que no era un presidente ejecutivo, por lo que no tenia competencias ni en la contratación, ni en la licitación, ni en la adjudicación de obras.

El diputado de CiU también ha aclarado que no fue él quien contrató para Adigsa al intermediario imputado José María Penín, investigado por su papel clave en la trama, sino que fue el exconsejero delegado de la empresa de vivienda pública Josep Anton Fontvevila, que hoy también ha comparecido como imputado, quien le fichó como trabajador externo.

Según la versión de Falcó, a instancias de un técnico de Adigsa él recibió en su despacho a Penín, pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, que acudió a pedirle trabajo en la empresa pública.

El diputado convergente ha explicado que se limitó a trasladar esta conversación a Fontdevila, al que sugirió que, dado que ambos habían coincidido en el Departamento de Bienestar Social, hiciera lo que creyera oportuno si encontraba un puesto en Adigsa que se adecuara al perfil de Penín.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, en su declaración como imputado, Fontdevila ha admitido que se reunió con Penín y que lo fichó como intermediario entre Adigsa y los constructores, aunque ha aclarado que no sabía si el comentario que le hizo Falcó en relación al pariente de Puig era una orden o una petición.

En la causa están imputadas ocho personas, entre cargos públicos, constructores e intermediarios, acusados del supuesto cobro de comisiones ilegales de hasta el 20 % en obras en viviendas protegidas adjudicadas por Adigsa durante los gobiernos de Jordi Pujol.

La instrucción del caso ya estaba finalizada en 2007, si bien a última hora el abogado de Falcó pidió que se hiciera una pericial para determinar el valor en el mercado de las viviendas investigadas, antes y después de su rehabilitación, que años después se aportó sin ningún resultado concluyente.

El proceso judicial sufrió de nuevo otra demora cuando, en noviembre de 2010, Falcó, que seguía como imputado, fue elegido diputado en el Parlament, por lo que el caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada su condición de aforado.