Fieles salvadoreños solo piden saber la verdad con la reapertura del caso Romero

La feligresía salvadoreña recibió hoy con mesura la noticia de la reapertura del proceso penal por el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero en 1980, y solo pidió a la Justicia la “verdad” sobre el magnicidio.

Silvia Orellana, una feligrés que da la bienvenida a los visitantes del mausoleo de Romero en la Catedral Metropolitana de San Salvador, dijo a Efe que “como cristianos esperamos la justicia divina”, pero quieren saber “quien dio la orden y quienes participaron en el asesinato”.

Aseguró que las heridas por homicidio de Romero, ultimado por un francotirador cuando oficiaba misa en la capilla de un hospital para personas con cáncer, “no se pueden sanar”, pero el conocer lo que sucedió puede “dar un consuelo de que se hizo justicia”.

Por su parte, Porfiria Alvarenga, que viajó desde una remota zona del norte salvadoreño colindante con Honduras para conocer la tumba de Romero, sostuvo que con la reapertura del proceso “no vamos a resucitar a monseñor”, pero que conocer plenamente los hechos dará “paz”.

Alvarenga recuerda a Romero como “una gran persona”, porque “nos dejó una visión de defender lo que uno cree que es correcto para su pueblo y por eso vengo desde lejos a visitarlo”.

Para el católico Ricardo Caminos el reinició de las diligencias en este caso debe servir para rescatar la “memoria histórica” sobre los hechos que rodearon el asesinato, y para “desenmascarar” a las “fuerzas internas y externas” que llevaron al crimen y a la guerra civil (1980-1992).

“Es importante que exista claridad de cómo ocurrieron los hechos, determinar qué pasó y quién fue” el que ordenó el magnicidio del entonces máximo jerarca de la iglesia católica salvadoreña, apuntó Caminos.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador anuló este miércoles el sobreseimiento decretado el 31 de marzo de 1993 del proceso contra el capitán Álvaro Rafael Saravia, único acusado del asesinato de Romero.

Entonces un tribunal invocó una ley de amnistía para sobreseer el proceso contra Saravia, cuyo paradero es desconocido y quien fue condenado por una corte federal estadounidense a pagar 10 millones de dólares a la familia de Romero en 2004.

El citado tribunal basó su resolución en una sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló una ley de amnistía general en julio de 2016 que impedía las investigaciones de los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la guerra civil salvadoreña.

Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

El arzobispo, beatificado en una multitudinaria misa el 23 de mayo de 2015 en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos.

El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 atribuye la autoría intelectual del magnicidio de Romero, entonces máximo jerarca de la Iglesia católica salvadoreña, al difunto mayor del Ejército y fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ahora en la oposición, Roberto D'Aubuisson.