Filipinas vive una sangrienta lucha contra las drogas desatada por Duterte

Filipinas vive una sangrienta lucha contra delincuentes y traficantes de drogas en la que decenas de cadáveres han aparecido desde que el presidente, Rodrigo Duterte, venciera en las elecciones del pasado mayo con la promesa de aplacar el crimen.

El mandatario ha instado en sus discursos a policías, militares e incluso civiles a tomar las armas contra drogadictos o cualquiera que cometa un crimen y así lograr el objetivo de acabar con la delincuencia antes de finales de año.

“Va a ser una pelea sucia, una pelea sangrienta. No voy a pedir perdón por ello”, dijo ayer Duterte, que suele crear polémica con sus mensajes.

El presidente, que juró el cargo hace menos de una semana, ha llegado a ofrecer importantes recompensas monetarias por la caza de delincuentes.

“Si conocéis algún drogadicto, matadle vosotros mismos”, profirió el pasado viernes en un discurso a los ciudadanos.

Las insistencia en los pedidos de Duterte, que realizó una campaña electoral basada en la guerra contra la delincuencia, se empezó a notar incluso antes de conocerse los resultados oficiales de las elecciones y de que el nuevo mandatario ocupara su cargo.

Cadáveres acribillados y cuerpos descuartizados han aparecido en las calles de Filipinas con más frecuencia, a la par que aumentaron los tiroteos entre policías y supuestos traficantes de drogas que terminaron con todos los criminales muertos.

Incluso algunos de los restos humanos hallados sin vida fueron arrojados con carteles en los que se muestra el apoyo a la violenta guerra contra el crimen promovida por Duterte.

En las primeras semanas tras la celebración de los comicios, la Policía admitió que el número de traficantes muertos en Filipinas había aumentado en un 200 por ciento respecto a los datos de 2016 recabados antes de las elecciones.

Los datos más recientes apuntan que desde que el mandatario fuera investido el día 30 de junio, un total de 30 personas supuestamente relacionadas con las drogas han muerto a lo largo del archipiélago en diferentes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, según cifras de la Policía.

La oleada de muertes, que aparece reflejada en los medios de comunicación filipinos a diario, ha provocado que cientos de traficantes a pequeña escala y drogadictos confiesen sus crímenes de propia voluntad por miedo a ser tiroteados por los oficiales.

En Quezon, la ciudad más populosa de las que forman parte del Área Metropolitana de Manila, más de mil traficantes y drogodependientes han acudido a las comisarías de la zona, pero las autoridades no cuentan con los medios para atenderles.

“La realidad es que les tenemos que mandar a casa, y desde ahí serán supervisados por oficiales locales”, dijo ayer el alcalde de Quezon, Herbert Bautista, en una entrevista con los medios locales.

La violenta campaña contra los estupefacientes de Duterte está afectando al propio cuerpo de la Policía, al que el presidente ha criticado en numerosas ocasiones y ha calificado de “corrupto”.

El nuevo jefe de la Policía de Filipinas, Ronald Dela Rosa, ha instado a los agentes que participan en actividades criminales a confesar, o de lo contrario morirán.

“Entregaros en 48 horas o morid”, dijo Dela Rosa el pasado viernes.

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas prevé que la situación empeore y que se produzcan muchas más ejecuciones de supuestos delincuentes a manos de las fuerzas de seguridad.

“Tenemos ahora un presidente que dice que si eres policía, militar o incluso un ciudadano y encuentras a un criminal y le matas, te apoya. Obviamente con ese tipo de mensaje anticipamos que va a haber un incremento en estas violaciones”, señaló a Efe el presidente de la institución filipina, Chito Gascón.

La organización tampoco se ha mostrado positiva en relación a su poder de influencia para frenar estas muertes.

“Nosotros solo podemos seguir denunciando la situación y que la gente nos escuche, pero ni siquiera estoy seguro que nos vayan a escuchar”, confesó Gascón.

“Después de 30 años de democracia, la gente está cansada de que nada cambie y dicen que quizá necesitamos a alguien fuerte, paz y orden, y menos derechos humanos. Ese es el nuevo discurso”, explicó.

“Sinceramente, no sé como de efectivos vamos a ser en la defensa de derechos humanos. Nosotros somos una institución pequeña”, sentencia Gascón.