El fiscal general fue alertado dos veces antes de nombrar a Moix de que este aparecía en escuchas comprometedoras
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fue alertado dos veces por su gabinete técnico y la Unión Progresista de Fiscales de los problemas que podía acarrear la designación de Manuel Moix como jefe de Anticorrupción. La teniente fiscal Belén Suárez, entonces responsable provisional de Anticorrupción, entregó un informe por escrito el 14 de febrero a Maza en el que advertía que Moix, antiguo fiscal jefe de Madrid, aparecía citado por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González -imputado en una causa de corrupción secreta- en unas escuchas de la Guardia Civil como su preferido para ocupar la jefatura de Anticorrupción y que así pudiera aliviar sus problemas judiciales.
Ese escrito remitido a Moix, según ha adelantado la cadena Ser, transcribía las conversaciones de González y su amigo el exministro Eduardo Zaplana, en las que el expresidente madrileño festejaba el futuro nombramiento de Moix, al que definía como un “buen tipo” con el que podían aliviarse sus problemas judiciales.
Este aviso se sumó a otro que la Unión Progresista de Fiscales durante los días previos a la designación de Maza le hizo llegar a Maza en los que esta asociación mostraba su preocupación al fiscal general por el daño que podía causar a la institución el nombramiento de una persona bajo sospecha, dados los rumores que ya entonces corrían sobre esas conversaciones entonces no conocidas por la opinión pública. Esta segunda advertencia se le hizo llegar al fiscal general del Estado en una reunión con la UPF pero pese a ello el pasado 22 de febrero Maza colocó al frente de Anticorrupción a Moix, un miembro de la carrera que ya había protagonizado varias polémicas por su cercanía al Partido Popular.
Una de las personas que avisó a Moix en esa reunión fue el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz. En declaraciones a la Cadena SER, esta mañana, García Ortiz, lamentó que sus precauciones cayesen en saco roto. García Ortiz ofreció pese detalles sobre la forma en que la UPF tranmitió sus cautelas a José Manuel Maza: “No fue una conversación de corrillo, fue una reunión larga y al final de la reunión, transmitimos eso al fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado nos hizo llegar su sorpresa, dijo que le parecía grave lo que le estábamos contando. Nos parece normal que el fiscal general del Estado tuviese acceso a esa información sensible, pero se nos queda cara de estupefacción ahora que sabemos que ya lo sabía. Nosotros estábamos muy inquietos por si podía ser una insidia lo que trasladábamos al fiscal general. Yo creo que Moix era un candidato predeterminado, tras hablar con el fiscal general y otros compañeros. El nombre de Moix está contaminado, si no lo hubiese nombrado, la mitad de las cosas que están pasando no estarían pasando”.
Desde que estalló la Operación Lezo, el pasado 19 de abril, con el arresto de Ignacio González, Moix ha adoptado medidas muy controvertidas que motivaron una rebelión de la los fiscales de Anticorrupción al frente del caso. Primero intentó oponerse a uno de los registros planificados para la operación. Y después maniobró para apartar a los dos miembros de la fiscalía que llevaban el caso. Sus decisiones han fracturado a la Fiscalía Anticorrupción donde el ambiente es irrespirable e incluso han propiciado que la Unión Progresista de Fiscales pidiese su destitución en el último Consejo Fiscal de la pasada semana en el que sin embargo Moix logró sobrevivir gracias al apoyo de la asociación conservadora y la dirección de la Fiscalía General del Estado.
Su actuación en la Operación Lezo no es la primera controvertida que adopta en casos relacionados con el PP. Como fiscal jefe en Madrid, Moix se opuso por ejemplo a calificar como delito la huida de la entonces presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, de una patrulla de la Policía Municipal que le multó por aparcar en un carril bus de la Gran Vía madrileña. Moix intentó también prohibir la difusión de los correos electrónicos de Caja Madrid destapados por eldiario.es que dieron origen al sumario de las tarjetas black que acabó con más de 60 condenas en la Audiencia Nacional.
El escándalo de Lezo y las controvertidas actuaciones de la Fiscalía, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que también envió mensajes de apoyo a González deseando “que se cierren todos los líos”, y altos cargos de Interior, como el secretario de Estado de Seguridad, que también decidió reunirse con el hermano del presidente madrileño, Ignacio González, monopolizarán hoy el Pleno del Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberá responder a varias preguntas de la oposición sobre el caso en la sesión de control. Y por la tarde, Catalá y el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, deberán comparecer también para dar explicaciones de sus gestiones en este sumario de corrupción.
