El Fiscal mantiene 45 años para el comando Otazua por asesinar al inspector Puelles

La fiscal ha mantenido hoy en la Audiencia Nacional su petición de 45 años de prisión para cada uno de los tres miembros del “comando Otazua” de ETA por el atentado en el que murió el inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Vizcaya).

La representante del Ministerio Público lo ha expresado así en la segunda y última sesión del juicio que se ha celebrado ante la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra Daniel Pastor, “Txirula”, como Íñigo Zapirain, “Aritza”, y Beatriz Etxebarria, “Kot”, por los delitos de asesinato terrorista y estragos.

La fiscal, Ana Noé, ha señalado que hay pruebas “suficientes” para sustentar su petición de condena y ha citado una serie de “datos objetivos” sobre el atentado, como el lugar de colocación del artefacto explosivo o la cantidad de explosivo utilizado, recogidos en las declaraciones policiales de los procesados y en el material probatorio reunido en las actuaciones.

Noé ha resaltado que “no hay ninguna evidencia” de malos tratos y torturas a los procesados durante su detención y ha citado un informe del Gobierno, incorporado a las actuaciones, en el que se indica que la práctica de denunciar malos tratos responde a “una consigna de la banda terrorista ETA”.

Además de la pena de prisión, la fiscal ha reclamado una indemnización de 200.000 euros para la esposa del policía, Francisca Hernández y Sotelo, y de 150.000 para cada uno de los hijos del matrimonio, así como que se prohíba a los tres acusados residir en Bilbao y acercarse a las víctimas durante diez años una vez que cumplan la pena.

A las conclusiones de la Fiscalía se han sumado la acusación particular, que representa a la viuda y los hijos de la víctima, las acusaciones populares, que ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), así como la Abogacía del Estado.

Por su parte, las representantes legales de los procesados han pedido la libre absolución de sus defendidos, al tiempo que han solicitado la nulidad de las declaraciones policiales de sus clientes por considerar que fueron obtenidas “bajo torturas y malos tratos”.

Durante la sesión, el forense que hizo la autopsia de Eduardo Puelles ha explicado que la muerte del inspector jefe de Policía se produjo a causa de un shock por quemaduras.

Los médicos que exploraron a Iñigo Zapirarain y a Beatriz Etxeberria han apuntado que ninguno de los dos recibió malos tratos policiales durante la detención y presentaban lesiones compatibles con la inmovilización y el arresto.

La fiscal ha considerado probado que los tres acusados anotaron las matrículas de los vehículos aparcados en las inmediaciones de la Comisaría de Policía en el barrio de Indatxu (Bilbao) por si en alguna ocasión los identificaban en otro lugar.

En 2008, durante una cita en el barrio de La Peña, Pastor detectó un vehículo del que recordaba la matrícula y comprobó que lo conducía Puelles, por lo que comenzaron a vigilarle.

Los etarras colocaron un primer artefacto que no llegó a explotar en los bajos del coche que Puelles estacionaba en un estacionamiento del barrio de Santa Isabel en Arrigorriaga, pero modificaron el dispositivo de movimiento por uno de mercurio para evitar que resultase nuevamente fallido.

En la noche del 18 al 19 de junio de 2009, colocaron el artefacto compuesto por dos kilos de cloratita y doscientos gramos de pentrita.

En esta ocasión, Etxebarria condujo en su coche a sus compañeros hasta el lugar en el que estaba estacionado el vehículo y mientras Zapirain y Pastor insertaban la bomba en los bajos -en un hueco entre el depósito de combustible, el eje trasero y la rueda de repuesto-, ella se quedó vigilando.

Por la mañana, sobre las 09.05 horas del 19 de junio, Puelles arrancó su coche, “activándose el artefacto explosivo, que estalló, sufriendo un shock por quemaduras que le causó la muerte”.