Fiscal de Panamá asiste a cita regional por situación de colega de Venezuela

La fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, confirmó su asistencia a una asamblea extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) prevista hoy en Buenos Aires para analizar la situación de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega.

El Ministerio Público (MP-Fiscalía) de Panamá informó este jueves en un comunicado que Porcell asiste a la cita de Buenos Aires además en calidad de vicepresidenta regional de Centroamérica de la Aiamp.

“Las solicitudes realizadas por once Ministerios Públicos miembros de la Asociación, obedece a la pública y notoria existencia de circunstancias graves que afectan el ejercicio de las funciones de uno de los miembros de la Aiamp, en este momento, el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela”, indicó el comunicado oficial panameño.

Añadió que la cita “promoverá la autonomía e independencia del ente fiscal venezolano, el fortalecimiento de su rol de promoción de la legalidad, de defensa de los derechos humanos y de los intereses generales de la sociedad, en todas las etapas de investigación, en el ejercicio de la acción pública y en el resto de sus competencias, como es la misión fundamental de la Aiamp”.

Ortega es la funcionaria de más alto rango que se ha opuesto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro, en medio de una ola de protestas antigubernamentales que en más de tres meses han 94 muertos en una Venezuela asediada por una aguda escasez de alimentos, medicinas e hiperinflación.

El Supremo venezolano inició un proceso para destituir a Ortega, quien, al igual que la mayoría de las autoridades del Estado, fue designada por el oficialismo y hasta hace tres meses era considerada como una aliada del chavismo.

Ortega dijo esta semana a medios argentinos que su caso comenzó cuando denunció ante su país y el mundo “la ruptura del orden constitucional producto de unas sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo de Justicia”, y que desde entonces el Ministerio Público está “en permanente amenaza y asedio, señalamientos irrespetuosos y subidos de tono”.