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Fiscal libio ordena la repatriación de 121 egipcios y niega su secuestro

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La UE y la ONU piden más esfuerzo diplomático para atajar la crisis libia

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Un total de 121 ciudadanos egipcios establecidos en Libia serán repatriados mañana por orden del fiscal general de este país, informó hoy a Efe Meftah al Baqar, presidente del departamento de inmigración en la ciudad occidental libia de Misrata.

Según el responsable, siete de ellos habían sido detenidos por carecer de pasaporte y estaban bajo custodia en la ciudad de Kofr al Shij, y no secuestrados por yihadistas afines al grupo Estado Islámico (EI) en la ciudad beréber de Zauara, a 110 kilómetros al oeste de Trípoli, como algunos medios habían informado.

La expulsión se produce dos días después de que la rama libia del EI difundiera un vídeo en que presuntamente asesinaba a una veintena de trabajadores coptos (cristianos egipcios) en la ciudad septentrional libia de Sirte.

En respuesta, el Ejército egipcio ha bombardeado en dos ocasiones posiciones del EI en la ciudad oriental libia de Derna, en una de las cuales murieron siete civiles, tres de ellos niños y dos mujeres.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas egipcias argumentaron ayer esos ataques en la "defensa de la seguridad y estabilidad de su pueblo" y aseguraron que fueron dirigidos "contra los cuarteles, posiciones, lugares de concentración y entrenamiento y almacenes de armas" de los yihadistas.

Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en octubre de 2011 la OTAN apoyara con bombardeos aéreos a los rebeldes y contribuyera así a derrocar el régimen dictatorial de Muamar el Gadafi.

Desde entonces, dos Gobiernos enfrentados luchan por el control del Estado y de los recursos naturales de Libia, apoyados por grupos armados de toda naturaleza y por países como Egipto, soporte del Parlamento internacionalmente reconocido establecido en Tobruk.

Junto a ellos combaten milicias islamistas, ex oficiales de Gadafi, líderes tribales y señores de la guerra dedicados al tráfico ilegal de armas, drogas, personas y petróleo mientras grupos yihadistas afincados en el Sahel o vinculados al EI aprovechan la ausencia del Estado para infiltrarse en el país.

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