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Fiscalía de Álava archiva las diligencias del 'caso San Antonio' porque ya lo investiga el Tribunal de Cuentas

Afirma que podría reabrir la causa si el órgano fiscalizador aprecia alguna ilegalidad

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Fiscalía de Álava archiva las diligencias del 'caso San Antonio' porque ya lo investiga el Tribunal de Cuentas

La Fiscalía de Álava ha archivado las diligencias por el 'caso San Antonio' porque este asunto ya está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas del Estado --que ha impuesto una fianza al exalcalde de Vitoria y ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al actual regidor, Javier Maroto (PP)--. El Ministerio Público añade que, aunque con la documentación que le ha remitido el Ayuntamiento, no queda "acreditado" que haya delito, si el órgano fiscalizador aprecia alguna ilegalidad, podría reabrir la causa.

La Fiscalía había abierto diligencias en torno a este asunto a raíz de una iniciativa aprobada el pasado 27 de febrero por EH Bildu y el PSE-EE en el Ayuntamiento de Vitoria, que le instaba a investigar este asunto a partir de los "nuevos datos" conocidos tras la decisión del Tribunal de Cuentas.

La investigación del órgano fiscalizador se centra en un contrato de alquiler firmado en 2007 por el Gobierno municipal del PP en Vitoria a un precio muy superior al de mercado. El contrato --firmado cuando Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda-- obligaba al Ayuntamiento de Vitoria a pagar 7,6 millones de euros al empresario Gonzalo Antón. A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba por un periodo de veinte años un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.

"UNIDAD DE ACTUACIÓN"

En su escrito, que puede ser recurrido, la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava apela al "principio de unidad de actuación" del Ministerio Fiscal, del que recuerda que "exige que no se produzcan actuaciones por parte de ningún órgano de la institución cuando se tiene conocimiento de que otro está llevando a cabo actuaciones sobre los mismos hechos".

El Ministerio Público indica, además, que con los datos aportados a través de la iniciativa aprobada por EH Bildu y el PSE "no ha quedado acreditada la existencia de ilícito penal alguno".

De todas formas, subraya que "como es práctica habitual, en el caso de que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectase algún hecho que pudiera ser constitutivo de ilícito penal, procedería a remitir a esta Fiscalía dichos indicios para se incoase una investigación al respecto".

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