La Fiscalía defiende a la Guardia Civil al recurrir la sentencia del Guateque ante el Tribunal Supremo

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia del denominado caso Guateque que absolvió a todos los acusados al considerar que el encuentro que dio origen a la investigación “no fue programado, ni vigilado, ni orientado en modo alguno por la Guardia Civil”, como afirma el tribunal.

En el recurso de casación, el Ministerio Público solicita al Supremo que anule la sentencia y ordene la celebración de un nuevo juicio, con otros magistrados, en el que se valore, como prueba lícita, la grabación de la conversación mantenida entre el testigo protegido y uno de los acusados, que dio origen al procedimiento y que el tribunal consideró nula por obtenerse de forma “fraudulenta”.

La Audiencia Provincial de Madrid decidió absolver a los 30 acusados del caso Guateque, diez años después de que estallara el escándalo, tras dar por nulas todas las pruebas practicadas durante la instrucción ya que la grabación que dio origen a la investigación se obtuvo sin cumplir con la legalidad vigente.

En contra de la versión sostenida en el atestado de la Guardia Civil, los magistrados consideran que varios agentes entregaron el 6 de marzo de 2007 al denunciante una grabadora y una cinta, en lugar de hacerlo él de motu propio. Ni una ni otra fueron entregadas en el juzgado de instrucción.

Pero la Fiscalía manifiesta que la investigación se inició tras una denuncia del testigo protegido, y que los datos aportados por la conversación grabada - en la que se ponía de manifiesto la existencia de un soborno-, fueron asumidos, corroborados, ratificados y aportados a la causa por el propio testigo.

Tanto es así que destaca que “la Benemérita no interfirió, ni tampoco llegó a conocer el mensaje registrado por el testigo, hasta la presentación de la denuncia”.

Según el fiscal, el testigo sólo solicitó a la Guardia Civil una grabadora como particular para registrar una conversación privada.

“El encuentro no fue programado, ni fue vigilado, ni orientado, ni condicionado en modo alguno por la Guardia Civil, con lo que no puede hablarse de ninguna interferencia por su parte”, señala.

Y critica duramente a la sala al subrayar que “resulta inadmisible que haya considerado que la actuación de la Guardia Civil provocara el delito investigado”.

El Ministerio Público pedía entre seis meses y 31 años de prisión para los treinta acusados por delitos de cohecho, prevaricación ambiental, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento oficial, contra patrimonio histórico y prevaricación urbanística.

Todos ellos formaban parte de la considerada como la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, dedicada a la concesión de licencias municipales a locales de ocio a cambio de sobornos.

La lista la forman empresarios y 19 funcionarios de rango medio del consistorio, destinados en Juntas de Distrito, en la Gerencia de Urbanismo o en Medio Ambiente. No hay ningún político encausado.