La Fiscalía envía al Supremo la denuncia a Barberá por sus gastos de alcaldía

La Fiscalía del Tribunal Supremo investigará a la actual senadora del PP y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por el conocido como “caso Ritaleaks”, iniciado tras una denuncia de Compromís por supuestos gastos fraudulentos durante el tiempo en el que estuvo al frente del Ayuntamiento.

Según ha informado Compromís, la Fiscalía de Valencia ha remitido hoy a uno de los denunciantes, el actual alcalde y portavoz de Compromís per València, Joan Ribó, las diligencias por las cuales entiende que el caso tiene que ser investigado por la Fiscalía del Supremo, atendiendo al aforamiento que tiene Barberá.

La Fiscalía Anticorrupción también remitió recientemente al alto tribunal las diligencias relativas a Barberá abiertas en el marco del supuesto delito de blanqueo que pudo cometer el PP de la ciudad de Valencia antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales.

Ribó ha exigido al Partido Popular, a sus dirigentes, y a la propia Rita Barberá, “que salgan a dar la cara y a dar unas explicaciones creíbles por aquello que han hecho durante su desgobierno”.

A su juicio, “el PP continúa sin tomar ni una sola medida que aparte de sus siglas la corrupción y el símbolo del malgasto: Mariano Rajoy todavía no ha hecho los deberes ni ha cumplido con su palabra. Esto sólo demuestra la complicidad existente entre Rajoy y Barberá”.

Ribó ha manifestado que “prometimos cuando estábamos en la oposición que perseguiríamos a los responsables de la debacle económica y social de los valencianos. Queremos que devuelvan hasta el último céntimo robado o derrochado”.

“En los peores años de la crisis económica, y mientras el PP practicaba los recortes más salvajes que hemos vivido en democracia, la señora Barberá no dudaba a gastarse el dinero de todos los valencianos en lujos impropios de un cargo público, como si fuera dinero suyo”, ha agregado.

El caso Ritaleaks fue denunciado por Compromís a mediados de mayo de 2015, cuando hizo públicas un total de 466 facturas que respondían a los gastos de alcaldía a que se hizo frente entre los años 2011 y 2014.

En total, 278.000 euros que fueron gastados en hoteles, alquileres de coche o comidas y que Compromís considera que pudieron constituir un delito contra la administración pública.