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La Fiscalía de Valladolid solicita nueve años de prisión para el exalcalde León de la Riva por tres delitos de falsedad documental

El exregidor firmó tres ‘comfort letter’ para avalar créditos bancarios para el soterramiento del tren, pero no incoó expediente, no recabó informe del interventor municipal y no lo comunicó a la Junta de Gobierno Local como era preceptivo

Dos de sus concejales se enfrentan a una inhabilitación de 24 años

En febrero de este año, los bancos solicitaron al Ayuntamiento el pago de 90 millones de euros por el último crédito suscrito mientras gobernaba el PP

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La Fiscalía pide a exalcalde de Valladolid nueve años de prisión por falsedad

La Fiscalía pide a exalcalde de Valladolid nueve años de prisión por falsedad EFE

La Fiscalía de Valladolid solicita una penas de 9 años de prisión,  33 de inhabilitación y multa de 7.200 euros para el excalde Javier León de la Riva (PP) por tres delitos de prevaricación y tres de falsedad documental por el caso de las ‘comfort letter’. El exregidor firmó tres cartas de conformidad en 2008, 2010 y 2011 para avalar distintos créditos para la operación de soterramiento del ferrocarril. La última obligaba al Ayuntamiento a aportar casi 90 millones de euros y que suponían el 25% del crédito de 400 que obtuvo la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).

El que era concejal de Hacienda en ese momento y que continúa siendo edil, Alfredo Blanco, se enfrenta a una pena de 24 años de inhabilitación por tres delitos de prevaricación, al igual que el exconcejal de Movilidad, Manuel Sánchez, ya retirado de la vida política. El escrito de Fiscalía subraya que el 31 de julio de 2008 se suscribió un crédito de 200 millones de euros para financiar la sociedad municipal, que fue precedida de una confort letter. “Este documento no constituía una mera manifestación de confianza”, argumenta el Ministerio Público, sino que “constituía una garantía que podría servir, en caso necesario, como fundamento para que las entidades crediticias pudieran exigir el pago de parte del crédito a la corporación municipal, al igual que a los otros accionistas que también hubieron de firmarlo”.

Los tres acusados “conocedores de las exigencias de los bancos, y las consecuencias que, para el Ayuntamiento podían derivarse de la asunción de esta obligación” , dieron su voto favorable a las condiciones del crédito, que incluía la firma de la confort letter  “sin incoar expediente alguno, ni recabar informe de la Intervención o de la Secretaría General, y sin conocimiento de la Junta de Gobierno, ni de los técnicos de las concejalías” de Blanco y Sánchez. Para la Fiscalía, tanto el alcalde como sus dos concejales “obviaron de forma deliberada todo trámite” y no efectuaron comunicación alguna sobre las garantías que vinculaban al Ayuntamiento.

Recuerda la Fiscalía que en el documento, firmado por León de la Riva, se hizo constar que el Ayuntamiento contaba con todas las autorizaciones necesarias, “a pesar de no ajustarse a la realidad, ya que ningún órgano, ni funcionario de la Corporación habían emitido dictamen ni tenían conocimiento de su existencia, ni se había adoptado acuerdo alguno sobre el mismo, de lo cual era conocedor su firmante”.

Dos años después, y tras dos prórrogas del vencimiento de la póliza de crédito, debidas a la situación económica de la Sociedad, que no disponía de tesorería para continuar con su actividad, los responsables del banco agente del crédito sindicado, el BBVA ,instaban una pronta solución. Para ello, enviaron al concejal Alfredo Blanco varios correos con las condiciones para firmar un nuevo crédito puente de 70 millones, y que requería otra carta de aval que debía ser firmada por todos los accionistas de la sociedad.

“En esas fechas era urgente la elevación a escritura pública, antes del día 30 de septiembre de 2010, del nuevo crédito”, señala la Fiscalía, “por lo que, con la conformidad de todos los Consejeros, los acuerdos correspondientes se adoptaron por escrito y sin sesión”. En esta ocasión, dado que se mantenía el riesgo del anterior crédito de 200 millones de euros, y la nueva póliza suponía 70 millones de euros, teniendo en cuenta que la participación societaria del Ayuntamiento era del 25%, el nivel de endeudamiento superaba el 125%, y estaba vigente un Plan Económico-Financiero, de modo que además de la tramitación en el Ayuntamiento habría sido necesaria la autorización de la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, se volvió a prescindir de todo trámite, y el 24 de septiembre el entonces alcalde firmó una nueva carta de compromiso, que afirmaba, como en la anterior ocasión, que el Ayuntamiento contaba con todos los acuerdos y autorizaciones necesarias.

Un año después, la situación de la SVAV, era aún peor. Tenía que cancelar deudas preexistentes y financiar el proyecto, de manera que en febrero de 2011 se firmó otra línea de crédito con seis entidades financieras por un máximo de 400 millones de euros y con vigencia hasta julio de 2021. Una vez más, era necesaria una carta de aval. El asunto se trató en el consejo de la sociedad, y se expuso la insuficiencia del crédito puente que se había firmado el 30 de septiembre de 2010, “señalando uno de los consejeros que los costes del nuevo crédito eran muy altos, y las condiciones impuestas por las sociedades acreditantes muy duras, pues el tipo de interés podría alcanzar el 7,5%”. También se comentó que si no mejoraba el mercado inmobiliario, y no se vendían los suelos (con los que se pretendía sufragar la operación del soterramiento), habría un importante problema de viabilidad financiera de la Sociedad que sólo se podría resolver si, por parte de los socios, se producía una ampliación de capital significativa o unas garantías directas de la financiación necesaria.

Se trataron además los problemas adicionales que podían derivarse para la sociedad y los socios teniendo en cuenta que “Valladolid Alta Velocidad 2003 S.A”, consolidaba su gasto y su deuda en las cuentas de las Administraciones Públicas, computándose como déficit y endeudamiento público.

“Los tres acusados, dos de los cuáles (Francisco Javier León de la Riva, y Alfredo Blanco Montero) tuvieron intervención activa en el debate de la cuestión, como en las ocasiones anteriores, dieron su voto favorable a la suscripción de la línea de crédito, con las condiciones impuestas por el consorcio bancario, de las que eran conocedores, a pesar de ser conscientes de las consecuencias que, para la Corporación podían derivarse de la entidad de la garantía económica que se estaba asumiendo, como de los anteriores créditos y, en su condición de alcalde-presidente y concejales de Hacienda, y de Movilidad y Planificación, respectivamente, actuaron una vez más a espaldas de los órganos municipales competentes”. Así, el alcalde, firmó otra comfort letter el 26 de enero de 2011.

Según el Ministerio Público, el Ayuntamiento, debido a su nivel de endeudamiento en el momento de los hechos “no tenía capacidad financiera para concertar lo que, en realidad, no era sino un aval por importe de 100 millones de euros, en cuya aceptación se omitió, como en los dos anteriores, el preceptivo informe de la Intervención, que debía analizar- especialmente- la capacidad de la entidad local para hacer frente a las obligaciones derivadas de esta operación que, con naturaleza de contrato de fianza y, atendida su cuantía, tenía que haber sido concertada –por ser de su competencia- por el Pleno del Ayuntamiento, y necesitaba dela autorización del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma”. Pero en la carta se afirmaba lo contrario: que contaba con las oportunas autorizaciones.

El Ayuntamiento, desde 2015 en manos del PSOE e IU-VTLP, fue consciente de la situación hace un año, cuando los bancos les requirieron que hiciesen frente a las obligaciones contraídas. Aunque el Pleno declaró la nulidad de la carta de conformidad de 2011, los bancos exigen el pago de unos 90 millones de euros atendiendo a las dos comfort letters firmadas en 2008 y 2010.

La fiscal del caso solicitará la testifical del actual alcalde, Óscar Puente, que fue quien denunció los hechos, del interventor actual y del interventor durante el mandato de León de la Riva. El Ayuntamiento, que presentó su escrito de acusación hace dos días, solicita para León de la Riva tres años de prisión y nueve de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación administrativa y siete de inhabilitación para Blanco y Sánchez por prevaricación pasiva u omisión.

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