La Fiscalía brasileña abre un cuarto proceso judicial contra Lula da Silva

La Fiscalía General de Brasil presentó una nueva denuncia contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusa de tráfico de influencias, lavado de dinero y participación en organización criminal, informaron hoy fuentes oficiales.

La denuncia, que incluye además a su hijo, Luiz Cláudio Lula da Silva, es fruto de las investigaciones realizadas en el marco de la conocida como “Operación Zelotes”, que desde 2015 investiga supuestas irregularidades en el Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (CARF), departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.

La investigación sobre el exmandatario brasileño, que ya tiene abiertos otros tres procesos diferentes en su contra, apunta irregularidades en la compra de 36 cazas por parte de las Fuerzas Aéreas Brasileñas (FAB).

La Fiscalía considera, asimismo, que existen indicios de irregularidades en la prórroga de incentivos fiscales a la industria automotriz mediante un decreto dictado por el Gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff.

Los delitos se habrían producido entre 2013 y 2015, años después de que Lula abandonara la jefatura del Estado de Brasil, lo cual no le habría impedido influir en el Gobierno con el objetivo de beneficiar a diversas empresas.

“La Fiscalía sostiene que la promesa de interferir en el Gobierno realizada por parte del expresidente Lula benefició a su hijo, Luiz Cláudio”, señaló la denuncia.

A cambio de estas maniobras, las compañías habrían pagado 2,5 millones de reales (unos 740.000 dólares) al hijo del expresidente, lo que supondría la mayor contraprestación ilícita detectada hasta el momento en el marco de la “Operación Zelotes”.

Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2011, se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir presuntos pagos y favores de sendas constructoras, y en el tercero por haber tratado de acallar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó la petrolera estatal Petrobras durante al menos una década.