La Fiscalía acusa a un exfuncionario encargado de la licitación de un gasoducto en 2014

El fiscal peruano Reinaldo Abia acusó al expresidente del comité de Proinversión Edgar Ramírez, a cargo de la licitación del Gasoducto Sur Peruano a favor del consorcio integrado por la brasileña Odebrecht en 2014, por colusión agravada y negociación incompatible, según se informó hoy en Lima.

El fiscal también acusó por colusión incompatible a Claudia Hokama, como exrepresentante legal de Odebrecht, y pidió para ambos penas de 7 y 6 años de cárcel, respectivamente.

De acuerdo a la acusación, publicada por el diario El Comercio, el fiscal peruano imputó a Ramírez haber concertado con Hokama para adjudicarle el gasoducto en 2014, durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala, que cumple prisión preventiva por haber recibido presuntamente un aporte de 3 millones de dólares de Odebrecht.

Las coordinaciones entre Ramírez y Hokama incluyeron el “desarrollo de acciones previa y estratégicamente concertadas” para descalificar “irregularmente al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (formado por Sempra, GDF Suez, Techint y TGI), irrogando un perjuicio económico al Estado ascendente a 136 millones de dólares”, agregó la acusación.

Incluso, Ramírez brindó asesorías y consultorías en forma privada a Proinversión y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en los años previos a la licitación del gasoducto, y antes de ejecer el cargo en la oficina estatal responsable de los contratos públicos.

Asimismo, asesoró a Odebrecht en temas de gas y regulación tarifaria dos años antes de que esta compañía obtenga la licitación del gasoducto.

Uno de los testigos citados por el fiscal Abia es el exgerente de Odebrecht en Argentina Flavio Bento de Faria, quien dijo conocer a Ramírez en 2008 como representante de Kuntur, la primera compañía en vincularse con el proyecto gasífero en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011)

Por su parte, un colaborador eficaz de la fiscalía dijo que en 2014 se decidió cambiar al presidente del comité a cargo de la licitación del gasoducto, a pedido del entonces gerente de Oderecht en Perú Jorge Barata, y se colocó en el cargo a Ramírez.

El proyecto fue adjudicado al consorcio liderado por Odebrecht y la española Enagás el 30 de junio de 2014 y el contrato, cuyo valor de inversión fue de 7.328 millones de dólares, fue suscrito el 23 de julio de ese año, durante el Gobierno de Humala.

El Gasoducto Sur Peruano contemplaba construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural a lo largo de más de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo, en una concesión privada de 34 años.

No obstante, tras el escándalo de corrupción de Odebrecht, el gobierno peruano resolvió en enero pasado terminar la concesión debido a que el consorcio encargado no cumplió con demostrar que tiene la financiación necesaria para concluir la obra.