La Fiscalía mantiene pena de cárcel para 8 jóvenes del “muro popular” de Vitoria

La Fiscalía ha mantenido las penas de entre un año y nueve meses de cárcel que pedía para los ocho jóvenes procesados por su participación en el “muro popular” que en mayo de 2015 trató de impedir la detención de tres miembros de Segi en Vitoria y que hoy no han acudido al juicio, que ha quedado visto para sentencia.

La vista oral se ha celebrado en ausencia de los ocho procesados que se han concentrado frente al Palacio de Justicia de Vitoria.

En declaraciones a los medios de comunicación han justificado su decisión al considerar que no hay nada que juzgar ya que se trató de un acto legítimo de desobediencia, que volverían a hacer, según ha explicado una de las procesadas.

Los hechos que se han juzgado esta mañana se remontan al 18 de mayo de 2015, cuando según el escrito de acusación, un grupo de unas 250 personas formó un “muro popular” en la Plaza de la Virgen Blanca para arropar y tratar de dificultar la detención de tres miembros de Segi condenados por la Audiencia Nacional por pertenencia a banda armada.

Entre ellos, estaban los ocho procesados -siete jóvenes y una chica-, que según la Fiscalía, estaban unidos a dos de las personas que se quería detener con un sistema compuesto por unos tubos metálicos, y unas cadenas de eslabones ajustadas a las muñecas con un candado y enganchadas con un mosquetón.

Durante el juicio han comparecido varios agentes de la Ertzaintza que participaron en el operativo que intervino para disolver ese “muro popular” quienes han coincidido en explicar que los procesados mantuvieron una “resistencia activa” para dificultar las detenciones.

Han indicado que en la Plaza de la Virgen Blanca no pudieron soltarlos y que los tuvieron que llevar “en bloque” a comisaría, donde pidieron la intervención de una dotación de bomberos para que con una “rotaflex” rompieran el sistema de unión.

Han añadido que fue entonces cuando los procesados voluntariamente se soltaron al accionar un mosquetón interno que el tubo impedía ver.

Los letrados de la defensa han pedido la absolución y han incidido en que en caso de que se dicte una sentencia condenatoria debería ser por un delito de desobediencia leve ya que el acto llevado a cabo no implicó ninguna acción más allá de no acatar una orden de la Ertzaintza para soltarse.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos de un delito de resistencia a agentes de la autoridad, aunque subsidiariamente ha solicitado que pueda ser considerado de desobediencia grave.

El fiscal también ha mantenido una pena mayor para uno de los procesados, de un año de cárcel, ya que según explica en su escrito está condenado en sentencia firme por un hecho similar, aunque la defensa del procesado lo ha negado.

En el exterior del Palacio de Justicia de Vitoria y ante una importante presencia policial, un grupo de personas se ha concentrado convocadas por el colectivo “Gasteizko Harresia” para apoyar a los ocho procesados que se encontraban entre ellos.

Una de las encausadas ha calificado de “justa” la acción que llevaron a cabo y ha opinado que no cree que deban ser juzgados por un hecho “totalmente legítimo”.

Un portavoz del colectivo “Gasteizko Harresia” ha asegurado que volverían a repetir ese muro popular y ha puesto en valor las acciones de desobediencia para hacer frente a las “leyes injustas”. Asimismo ha anunciado el inicio de una campaña para recaudar 10.000 euros para hacer frente a los gastos de defensa de los imputados por esta acción y las multas que se han impuesto y se puedan poner.

El pasado octubre otros dos jóvenes que participaron en este muro fueron juzgados en un tribunal de Vitoria y ese caso las partes llegaron a un acuerdo para que las penas de 21 y 9 meses de cárcel que el Ministerio Público solicitaba para cada uno fuesen sustituidas por una multa conjunta de 3.680 euros.