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La Fiscalía eleva a 15 años la petición de pena de prisión para Julián Muñoz

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La Fiscalía eleva a 15 años la petición de pena de prisión para Julián Muñoz

La Fiscalía eleva a 15 años la petición de pena de prisión para Julián Muñoz

La Fiscalía ha elevado hoy a 15 años y medio la petición de pena de prisión por el caso Saqueo II para el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, quien estuvo al frente de las sociedades municipales que supuestamente sirvieron para desviar el dinero del consistorio marbellí.

En la lectura de conclusiones celebrada en la Audiencia Nacional, los representantes del Ministerio Público Belén Suárez y José Grinda han añadido el delito de asociación ilícita a los de malversación, falsedad documental y contra la Seguridad Social que se le imputan a Muñoz, que cumple condena en prisión por blanqueo de dinero.

El exalcalde de Marbella es el principal de los 35 acusados en esta causa sobre el presunto desvío de unos 70 millones de euros del Ayuntamiento marbellí a través de empresas públicas y privadas con dádivas a los concejales, así como un fraude a la Seguridad Social de 91 millones.

Las penas solicitadas por los representantes del Ministerio Público oscilan entre los 15 años y medio de Julián Muñoz hasta los tres años para varios de los imputados.

En el caso del asesor urbanístico Juan Antonio Roca, que lleva siete años en prisión como presunto cerebro de la mayor trama de corrupción conocida en España, el caso Malaya, el fiscal ha elevado la petición de pena a 13 años al añadir el delito de asociación ilícita.

El Ministerio Fiscal ha aumentado también la solicitud de cárcel para el exedil marbellí Pedro Román, que pasa de 11 a 13 años, mientras que para la exalcaldesa de Marbella Marisol Yague se ha reducido en seis meses y se queda en una petición de tres años de prisión.

A los delitos de malversación, prevaricación, falsedad y contra la Seguridad Social que se imputan a los acusados, el fiscal ha añadido el delito de asociación ilícita para algunos de los imputados y el atenuante de dilaciones indebidas para todos, al tiempo que ha levantado las imputación a tres exempleados de las sociedades públicas

En su intervención, Grinda ha afirmado que el fallecido Jesús Gil era la cúspide de una pirámide de asociación ilícita, constituida por una serie de personas que guiados por su animo de lucro se incorporaban a un proyecto político que "era mas bien un proyecto criminal".

En este grupo, ha dicho, había una jerarquía establecida de forma clara con algunos jefes como Román, Muñoz y Roca, y otras personas que bajo la mirada de Gil se intercambiaban los papeles.

Los acusados en la trama mostraron siempre "una vocación de permanencia" en el poder, que, según el fiscal, provoca el engaño para quienes les votan y también para quienes les financian para su lucro personal.

"Se trataba de una auténtica organización criminal", ha subrayado el representante del Ministerio Público, al considerar que el enriquecimiento era el motivo por el que se adherían al Ayuntamiento de Marbella.

Por otro parte, ha destacado la opacidad en las sociedades municipales por no colaborar con las autoridades ni con el Tribunal de Cuentas, así como por no entregar algunas contabilidades.

En este sentido, ha agregado que el Ayuntamiento "engullía todo con un enorme sistema de engaño" y ha puesto como ejemplo que las perdidas de las sociedades municipales eran justificadas por estas últimas como pagos pendiente del consistorio marbellí.

En relación con el delito de malversación, Grinda ha indicado que no se justificaba "a donde iba el dinero", con escasas anotaciones contables y modos de pago en los pocos documentos de contabilidad que existen.

Se cobraba "cuanto, cuando y como les daba la gana" a los concejales, algunos de los cuales no incluían su nombre en las facturas de amplias transferencias sin justificar.

Ha rechazado, por otra parte, los argumentos de varios de los acusados, entre ellos Muñoz, que se escudaron durante la vista oral en afirmar que cumplían ordenes de Gil y que, por tanto, si no firmaban, se jugaban el puesto.

"Sería el colmo que porque alguien tenga una u otra personalidad esté justificado realizar actos delictivos", ha precisado el fiscal en alusión a los pagos que sirvieron para desviar el dinero del Ayuntamiento a las sociedades creadas por Gil.

"No puede ser obediencia debida a Gil", ha especificado.

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