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La Fiscalía rebaja de 6 a 2 años de cárcel su petición para Prenafeta y Alavedra

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La Fiscalía rebaja de 6 a 2 años de cárcel su petición para Prenafeta y Alavedra

La Fiscalía rebaja de 6 a 2 años de cárcel su petición para Prenafeta y Alavedra

La Fiscalía ha rebajado su petición de pena de 6 años y 10 meses a 2 años de cárcel para el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluis Prenafeta y el exconsejero de Economía Maciá Alavedra, mientras que para el líder de la trama, Luis Andrés García "Luigi" ha aumentado de 8 a 13 años de prisión.

La fiscal Ana Cuenca ha expuesto en el juicio celebrado hoy en la Audiencia Nacional sus conclusiones definitivas en las que ha rebajado la solicitud de pena para los que fueron hombres de confianza del expresidente catalán Jordi Pujol, en virtud al acuerdo de conformidad al que llegaron con la Fiscalía y por el que confesaron el cobro de comisiones a cambio de mediar en operaciones urbanísticas.

También ha modificado la multa que deberán pagar: a Prenafeta le pide 5,8 millones (antes 13,7) y a Alavedra 3,2 (antes 10,3) por sendos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, todo ello tras retirarles la petición por un blanqueo continuado.

Sin embargo, para el exdiputado del PSC y líder de la red Luis Andrés García "Luigi" ha solicitado 13 años en lugar de los 8 iniciales y 26,1 millones de multa -4 más de lo que pedía al inicio del juicio-, al considerar que también pudo incurrir en los delitos continuados de cohecho y falsedad documental, además del de tráfico de influencias y blanqueo que le imputaba en un principio.

A "Luigi" le acusa de liderar esta trama corrupta, que pudo defraudar entre 2001 y 2009 unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras mediante tres pelotazos urbanísticos en esas localidades.

La fiscal ha elevado también la petición de pena para el exalcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartolomé Muñoz, para quien pide 8 años y 4 meses de prisión (antes 6 años y 10 meses) y el pago de una multa de 6,8 millones de euros por permitir que Luigi "marcara las directrices" de un proyecto urbanístico irregular que se llevó a cabo en la localidad a cambio de comisiones.

Aparte de dos delitos de cohecho, uno de ellos continuado, la Fiscalía ahora también le imputa otros dos de prevaricación administrativa y uno de tráfico de influencias.

Sube también su petición de condena para el número 2 de "Luigi", Manuel Valera, a 4 años y 10 meses de cárcel (antes 2 años y 9 meses) por dos delitos de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y otro de prevaricación, pero sin embargo le rebaja la multa a 3,6 millones (antes 6).

También aumenta para José Singla, administrador de la empresa Proinosa, adjudicataria beneficiada por la trama, para quien pide 4 años y 5 meses de cárcel frente a los 11 meses iniciales y el pago de 2,7 millones de multa, casi un millón más de lo que pedía en un principio.

Se queda igual la petición para el exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco (1 año por un delito de tráfico de influencias y 2,4 millones de multa), mientras que baja la de la mujer de Prenafeta, María Lluisa Mas, de 3 años y medio a 6 meses y una multa de 1,9 millones de euros por un delito de blanqueo cometido al ocultar el dinero procedente de las cuentas opacas de su marido.

Otros 6 meses de cárcel con la posibilidad de sustitución con el pago de 7.500 euros ha pedido para el empresario Manuel Carrillo, que confesó que sobornó con 6.480 euros al exalcalde Bartolomé Muñoz a cambio de que su empresa resultase adjudicataria de un contrato de limpieza. También ha pedido que pague una multa de 12.480 euros.

Para Philip Mc Mahan y Gloria Torres, acusados de contribuir a ocultar las comisiones ilegales de Alavedra, ha pedido 6 meses de cárcel y el pago de 2,6 millones para el primero y 315.000 euros para la segunda, como ya anunció la fiscal al inicio del juicio.

El proceso continúa el próximo 10 de octubre con la exposición de los informes finales de la fiscal, la acusación que ejerce el Ayuntamiento de Santa Coloma y las defensas.

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