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La Fiscalía salvadoreña respeta la sentencia del Supremo y cumplirá su parte

EFE

Washington —

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El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, dijo hoy que respeta la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía general vigente desde 1993 y aseguró que cumplirá con lo que le corresponda a la Fiscalía.

“Nosotros respetamos desde el punto de vista institucional esta sentencia. Los órganos del Estado en El Salvador están funcionando”, dijo el fiscal en declaraciones a los periodistas en Washington, donde se encuentra en una visita de tres días junto al canciller, Hugo Martínez.

“La Corte Suprema está emitiendo sentencias fuertes y directas sobre algunos temas y otras entidades que nos consideramos independientes estamos haciendo nuestro trabajo. Estamos diciendo que las cosas se van a hacer de conformidad a la ley”, agregó.

El fiscal pidió “comprensión” a los medios por no poder precisar más sobre el caso, ya que aún no ha recibido notificación de una sentencia que ha conocido durante su visita a Washington en el marco del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

En la rueda de prensa conjunta sobre los resultados de la visita, también participó el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Landaverde, quien declinó hacer comentarios sobre la sentencia tanto dentro como fuera del encuentro con los medios.

La Sala de lo Constitucional del Supremo establece en su sentencia que la ley de Amnistía es inconstitucional por “ser contraria al derecho de acceso a la justicia y a la reparación de víctimas de crímenes cometidos durante la guerra”, dijo este jueves a Efe la Dirección de Comunicaciones de la entidad.

La máxima corte salvadoreña declaró inconstitucionales varios artículos de la ley que impiden el “cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones” de los Derechos Humanos.

Asimismo, la Corte Suprema indica que los hechos excluidos de la amnistía tras la finalización del conflicto armado son los casos contenidos en el Informe de la Comisión de la Verdad, así como aquellos otros de igual o mayor gravedad y trascendencia.

El informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1993, recoge las graves violaciones de los Derechos Humanos que se cometieron durante el conflicto armado de El Salvador.

El conflicto armado entre la extinta guerrilla, ahora partido político en el poder, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y el Ejército salvadoreño dejó al menos 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados.

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