La Fiscalía a favor de tramitar la recusación a De Prada en dos causas de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha apoyado la admisión a trámite de la recusación que planteó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) para apartar al magistrado José Ricardo de Prada de dos causas relacionadas con ETA por haber dicho que en España se han producido “muchos casos de tortura”.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía ha presentado sendos informes favorables a la admisión a trámite de la recusación en esas dos causas para que se investigue si sus palabras en una mesa redonda organizada por el Ayuntamiento de Tolosa, en la que compartió debate con el abogado de etarras Iñigo Iruin, pueden afectar a su imparcialidad.

La AVT ha recusado a este magistrado de la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional en el sumario del caso de los ilegalizados Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), en el que ha sido designado ponente, y también lo ha hecho en el caso contra el etarra Jorge Olaiz por el intento de asesinato de un concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

En el informe que afecta al caso de PCTV, al que ha tenido acceso Efe, los fiscales Vicente González Mota y José Perals consideran que existe base suficiente para tramitar la recusación.

Tampoco la creen extemporánea, porque la AVT -acusación popular en esta causa que se sigue contra Jean Claude Aguerre y Xavier Phillipe Larralde-, planteó el incidente “tan pronto” como tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación de “la intervención del magistrado recusado en un acto público celebrado en el mes de abril de 2016”.

“El presente procedimiento versa, precisamente, sobre la utilización por parte de la organización terrorista ETA de dos partidos políticos, PCTV y ANV, como sucesores” de la ilegalizada “por ser un instrumento de ETA”, señalan los fiscales, que consideran por ello que “a la vista de las manifestaciones del magistrado recusado”, “existe base suficiente para proceder a la tramitación del incidente de recusación”.

Añaden que la tramitación del incidente de recusación no afecta al derecho a la libertad de expresión de De Prada a hacer las declaraciones que hizo, “pues puede pensar y expresar libremente lo que desee, sino que guarda relación con el relevante hecho de que tales declaraciones se efectuaron en su condición de magistrado de la Audiencia Nacional”.

A este respecto recuerdan que al inicio de su intervención en el acto organizado en Tolosa (Guipúzcoa) por Bizikidetza Foroa, bajo el título “Excepcionalidad jurídica en Euskal Herria”, “manifestó en varias ocasiones que acudía al mismo para 'hablar de mi trabajo de todos los días' y de 'mis experiencias'”.

El escrito reproduce las palabras que pronunció en ese coloquio, dónde explicó que en un momento “muy específico” surgieron “estrategas que pensaron que una manera de poder acabar con el terrorismo era, no solamente atacar a los hechos terroristas en sí mismos, si no atacar a otras cosas que no tenían mucho que ver con el terrorismo, pero aplicándoles a la misma medidas del terrorismo” como su entorno político y social.

El magistrado dijo entonces que el problema “es si esto es legítimo en un Estado de Derecho”, “ el poder aplicar las mismas normas jurídicas que se aplican al terrorismo a otros que no son situaciones de terrorismo” y planteo que probablemente “habría que haberles aplicado” otros tipos delictivos “mucho más precisos”.

Para De Prada, “aplicar los tipos terroristas implicaba además consecuencias tremendas desde el punto de vista de la posibilidad de lo que era la derogación de derechos fundamentales, o sea, que conlleva o que permite precisamente el terrorismo”.

Dado que el procedimiento contra PCTV y ANV “versa precisamente, sobre la utilización por parte de la organización terrorista ETA de dos partidos políticos”, los fiscales entienden que a la luz de sus manifestaciones hay base suficiente para admitir la recusación.

Al plantear la recusación, la AVT destacó que De Prada dijo en ese encuentro, entre otras cosas, que en España se han producido “de una manera clara muchos casos de tortura” y que la respuesta “no ha sido conveniente ni acorde con lo que es un Estado de derecho”.