Floriano subraya que la condena de Fabra es por delito fiscal y no es firme

El vicesecretario general de Organización, Carlos Floriano, ha subrayado hoy que el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha sido condenado por un “asunto de carácter fiscal que no es definitivo”, tras una investigación que, a su juicio, ha sido “más que exhaustiva”.

“Los asuntos han ido avanzando, se le acusaba de prevaricación y cohecho, y al final ha sido un asunto de carácter fiscal que no es definitivo, que no es firme todavía y habrá que esperar al resultado final de este asunto”, ha afirmado en una entrevista en TVE, en la que ha asegurado que desea que se “esclarezca toda la verdad” de ese caso.

También se ha referido al auto del juez Ruz que señala, “a nivel indiciario”, la presunta existencia de una contabilidad B en el PP y que ésta habría sido utilizada para pagar al arquitecto que realizó las obras de reforma de la sede nacional del partido, y ha hecho hincapié en que en el PP “nunca” ha habido contabilidad B.

Floriano ha dicho que toda la obra de la sede del PP “está recogida en la única contabilidad” que tiene el partido y que “los apuntes que otros hagan en unos papeles lo tendrán que explicar otros”.

A ese respeto ha señalado que la contabilidad del PP está “a disposición de toda España, porque está en la red”, y ha insistido en que “una persona puede apuntar en un papel lo que estime conveniente y puede llevar su propia contabilidad, pero que esa no es la contabilidad del PP”.

En la entrevista, Floriano ha defendido que la palabra del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no está en entredicho por el caso Bárcenas y ha recordado que el PP va a dirigirse a la Fiscalía para que se haga una revisión de todos los aspectos relacionados con el pago de la citada obra.

El dirigente popular se ha mostrado convencido de que “a medida que avance la investigación va a quedar claro que no es una responsabilidad del PP” y que al mismo tiempo se va a “descubrir que la trama corrupta más grande que ha existido en España es la que afecta a la Junta de Andalucía”, pero ha abogado por no “entrar en el juego de los reproches”, sino por poner todos los partidos los mecanismo a su alcance para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Sobre la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha quejado de la “demagogia” de los que dicen que los partidos se han “repartido” los puestos y ha explicado que para elegir los nombres han buscado una “doble legitimidad: la que resulta del aval necesario de sus compañeros jueces y magistrados para poder formar parte de los que pueden ser elegidos por las fuerzas parlamentarias”.