Foro pide separar la investigación de la Audiencia sobre El Musel de la actividad portuaria como polo estratégico

Couto, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que además de la Audiencia Nacional, está pendiente la denuncia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por el cobro supuestamente irregular de las ayudas recibidas y una Comisión de investigación en la Junta General del Principado de Asturias para abordar esas supuestas irregularidades.

Dicho esto, ha asegurado que lo mejor es que el Ayuntamiento de Gijón se mantenga “al margen” y que quien tenga competencia en cada uno de esos tres ámbitos que “siga su camino” dentro de la investigación de estos hechos.

Aún así, no ha ocultado la preocupación porque todo esto pueda perjudicar al desarrollo de El Puerto y lastrar su competitividad. Para Couto, El Musel debe ser una herramienta de competitividad en Asturias y un polo de atracción de inversiones y empresas, por lo que ha insistido en desligar la actividad portuaria de la investigación judicial.

Sobre el Puerto, ha remarcado que en él trabajan muchas personas y están ubicadas empresas, por lo que es fundamental saber “diferenciar” los dos ámbitos, el de la investigación de las supuestas irregularidades y el del puerto como infraestructura estratégica para el desarrollo y futuro de Asturias.

SEIS POSIBLES DELITOS

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez será el encargado de investigar todas estas supuestas irregularidades, que supuestamente se produjeron en las obras de ampliación del puerto de El Musel, en las que, según la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se produjeron sobrecostes en la compra de los materiales que podrían motivar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos.

En un auto fechado el pasado 8 de agosto, el magistrado admite a trámite una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar “las actuaciones de representantes y administradores” de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.

Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.

La Fiscalía justificó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, al considerar que podrían tener “una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional”.