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Francia juzga al ministro de Hacienda que defraudó al fisco y mintió

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Francia juzga al ministro de Hacienda que defraudó al fisco y mintió

Francia juzga al ministro de Hacienda que defraudó al fisco y mintió

Jérôme Cahuzac, el que fuera ministro de Hacienda de Francia hasta su salida del Gobierno en marzo de 2013 en el mayor escándalo del mandato del presidente, François Hollande, comparece a partir de hoy para ser juzgado por haber defraudado al fisco, algo que negó públicamente hasta que se hizo evidente.

Cahuzac, de 64 años, se sienta en el banquillo del Tribunal Correccional de París hasta el próximo día 15 junto a su exmujer, Patricia Ménard, por los mismos cargos, y ambos podrían ser condenados a penas de hasta siete años de cárcel y a un millón de euros de multa.

Están imputados por blanqueo, por fraude fiscal y por haber mentido en sus declaraciones fiscales, en particular al ocultar una cuenta abierta en Suiza en 1992 en el banco UBS, que luego transfirió en 2009 a Singapur, precisamente en busca de un paraíso fiscal todavía más secreto ante la posibilidad de ser descubierto.

Cahuzac fue nombrado por Hollande en mayo de 2012 titular de Hacienda, y por tanto era responsable de la lucha contra el fraude, pero, lejos de regularizar su situación cuando en diciembre de ese año el digital "Médiapart" reveló la existencia de su cuenta suiza, lo negó.

En las semanas siguientes, mantuvo la estrategia de denunciar, ante los diputados y en varias entrevistas, un ataque de ese medio, y tuvo el respaldo del Gobierno y del propio jefe del Estado, al que convenció hasta que "Médiapart" aportó pruebas adicionales, en concreto una grabación del año 2000 en la que él mismo hablaba de su cuenta.

Hollande decidió echarlo de su Ejecutivo, subrayando que había sido engañado y, en respuesta a los reproches de haberlo defendido durante tres meses pese a las sospechas, creó una fiscalía financiera y una ley sobre la transparencia en la política.

Una ley que prohíbe a diputados y senadores acumular su mandato con una serie de actividades económicas para evitar conflictos de intereses, y que obliga a 9.000 cargos electos y altos responsables de las administraciones a declarar su patrimonio a una Alta Autoridad de la Transparencia.

El Consejo Constitucional había rechazado en junio pasado el recurso de Cahuzac y de su exmujer para evitar sentarse en el banquillo con el argumento de que no podían ser susceptibles de recibir una segunda sanción penal puesto que el fisco ya les ha impuesto una multa de 2,5 millones de euros por fraude.

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