Francia quiere sancionar a los clientes y no a las prostitutas

Los diputados franceses se disponían hoy a abrir el debate de una proposición de ley que prevé sancionar con multas de 1.500 euros a los clientes que recurran a los servicios de prostitutas y levantar las sanciones que pesan en la actualidad sobre las meretrices.

El examen del texto, que estaba en el orden del día de hoy de la Asamblea Nacional, fue aplazado al próximo viernes por el retraso acumulado por los debates anteriores.

La ley ha generado una importante controversia en Francia, dividida entre los que consideran la penalización de la prostitución es una injerencia en la vida privada y quienes la creen necesaria para proteger a las mujeres explotadas por redes de proxenetismo.

Los franceses son contrario a multar a los clientes de las prostitutas, según un sondeo difundido hoy por BFMTV, que señala que el 68 % está en contra de esta medida.

El texto fue impulsado por la ministra de los Derechos de la Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, que consideró necesario “proteger a los más precarios” y que calculó entre 20.000 y 40.000 el número de personas que practican la prostitución en el país, el 90 % contra su voluntad.

“La idea es proteger a las prostitutas, que en general no han elegido voluntariamente ese oficio, sino que lo hacen por la fuerza, física o económica”, afirmó en BFMTV la ministra, que es además la portavoz del Gobierno.

Vallaud-Belkacem aseguró que, aunque el punto más llamativo de la ley es la sanción de los clientes, se trata de “un proyecto global”.

“Si quitamos las sanciones a las prostitutas, al tiempo tenemos que evitar que se cree una demanda, porque de otra forma casi estaríamos invitando a la gente a prostituirse”, dijo.

Junto a la sanción a los clientes, que pueden llegar hasta los 3.000 euros en caso de reincidencia, la ley prevé reforzar la lucha contra el proxenetismo, como la posibilidad de cerrar páginas web albergadas en el extranjero.

Además, establece una ayuda a las prostitutas que quieran dejar el oficio, especialmente a las extranjeras, a las que ofrece una estancia regular de medio año con una ayuda de 336 euros mensuales.

Pero es la penalización de los clientes el principal caballo de batalla de la ley, el punto que más polémica ha generado.

“¿Como olvidar que es el dinero de los clientes el que alimenta a los proxenetas?”, se preguntó la socialista Maud Olivier, relatora de la ley.

La parlamentaria se dirigía a los intelectuales y artistas que a lo largo de los últimos días han atacado su texto, nombres como la actriz Catherine Deneuve, el escritor Frédéric Beigbeder o la filósofa Élisabeth Badinter.

De todas las manifestaciones contra la ley, la que más polémica ha generado es el conocido como “manifiesto de los 343 cabrones”, una ardiente defensa del más antiguo de los oficios rubricado por conocidas personalidades del país.

“Consideramos que todo el mundo tiene derecho a vender libremente sus encantos y que te guste. Rechazamos que los diputados dicten normas sobre nuestros deseos y nuestros placeres”, señalaba el manifiesto.

La opinión de los firmantes del manifiesto es compartida por diputados de todas las tendencias políticas, lo que augura a la proposición de ley un animado debate en los próximos días en la Asamblea, hasta su votación el próximo día 4.

Si entre las filas de los socialistas el trabajo del grupo parlamentario parece haber acabado con las reticencias que albergaban algunos diputados, entre sus socios de izquierdas las cosas están menos claras.

La diputada ecologista Véronique Massoneau consideró que la ley amenaza con “ocultar a las prostitutas en lugares más sombríos, menos vigilados y accesibles”, lo que no promete nada bueno para ellas.

En la oposición de derechas tampoco hay una postura común y los diputados se dividen entre partidarios y detractores de la ley.

El presidente del grupo parlamentario de la conservadora UMP, Christian Jacob, indicó que en el 90 % del texto hay acuerdo con los socialistas, pero destacó dos medidas que les dividen, la penalización de los clientes y la regularización temporal de las prostitutas extranjeras.

Otros compañeros de partido, como Bernard Debré, son más categóricos, al considerar que la ley es “moralista”, mientras que su colega Patrick Devedjian se mostró partidario de “la libertad sexual entre adultos que consienten”.

La también diputada conservadora Nicole Ameline, presidenta de la Convención para la eliminación de toda discriminación contra las mujeres de la ONU, les respondió que “tienen una visión de la prostitución que data de los años 50”.