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El director de Frontex, escéptico ante la propuesta de la CE de crear una policía de fronteras

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El director de Frontex, escéptico ante la propuesta de la CE de crear una policía de fronteras

El director de Frontex, escéptico ante la propuesta de la CE de crear una policía de fronteras

El director adjunto de Frontex, Gil Arias, valora la propuesta de la Comisión Europea (CE) para reforzar esta agencia, aunque se muestra "escéptico" ante el proyecto de crear un cuerpo común de policías fronterizos, ya que muchos Estados no querrán ceder su soberanía.

El Ejecutivo comunitario presentó el martes ante el pleno del Parlamento Europeo (PE) sus propuestas para hacer frente a la crisis de refugiados y al terrorismo integrista, que incluyen el envío de guardias europeos a las fronteras exteriores mal protegidas, aunque el país afectado no lo solicite.

"Se trata de un viejo proyecto al que ahora se le da un nuevo impulso, pero tiene implicaciones que muchos estados miembros no van a aceptar, incluyendo la cesión se soberanía", explica Gil Arias en una entrevista con Efe.

"Ya en su momento la idea de crear una política unificada de fronteras creaba reticencias, especialmente en Europa del Este, y ahora creo que habrá más oposición porque se plantea la posibilidad de que esa policía de fronteras pueda actuar sin consentimiento del Estado miembro", vaticina el director adjunto de Frontex, que dejará su puesto en enero tras diez años en la agencia.

A pesar de sus dudas, Gil Arias ve "positiva" la propuesta de la Comisión, especialmente porque "da más competencias y más autoridad a Frontex y, como consecuencia de la crisis migratoria, incrementa presupuesto y personal".

"Hasta hace poco mendigábamos para que no se nos recortase presupuesto, y ahora no solo hemos dejado de mendigar, sino que de golpe tenemos más dinero", señala Gil.

Según explica, de contar con un presupuesto de 90 millones de euros en los últimos años (más ampliaciones extraordinarias), se ha pasado a 252 millones para 2016.

Todo mientras el flujo de llegadas a suelo griego se mantiene a pesar de la cercanía del invierno, en un año que deja la cifra récord de más de 720.000 inmigrantes arribados hasta finales de noviembre a las costas helenas, 16 veces la registrada en el mismo periodo de 2014.

Ante este escenario "sin precedentes", Frontex va a reforzar su presencia en Grecia, tanto en las islas como en su frontera con Macedonia, "dada la incapacidad de las autoridades helenas" de hacer frente a la masiva llegada de inmigrantes y de registrar a todas los que llegan a su territorio.

El objetivo de la Agencia es hacer más monitoreos, toma de huellas y entrevistas a los desplazados, ya que hasta ahora sólo se examina al 41,5% de los inmigrantes y refugiados que llegan a suelo heleno, de los que el 8,5 % declara una nacionalidad falsa.

Además se estima que sólo entre el 60 y el 70 % de los recién llegados se registra en Eurodac, la base de datos europea para identificar a los solicitantes de asilo y a los irregulares que cruzan la frontera.

Arias explica que los últimos atentados en París "han generado mayor preocupación en Bruselas", aunque descarta que la ruta migratoria que por ejemplo llega a Grecia sea la puerta de entrada elegida por terroristas.

"Los terroristas tienen otros medios de acceso a la UE, no creo que elijan hacerlo en balsas de goma", señala.

Más allá de razones de seguridad, el principal objetivo de mejorar el registro de las llegadas es poder aplicar el reglamento de Dublín, que establece que el país europeo por el que entra el refugiado o el inmigrante irregular debe hacerse cargo de él.

El refuerzo del operativo en Grecia será una de las últimas medidas adoptadas por Frontex durante el mandato del español Arias, que será sustituido el próximo enero por el austríaco Berndt Körner.

Arias se considera satisfecho por su periodo al frente de Frontex, aunque sólo lamenta que durante su gestión no se haya conseguido cerrar un acuerdo de sede con las autoridades polacas.

La nueva propuesta de la CE mantiene la permanencia de Frontex en Varsovia (donde tiene su base de operaciones desde 2005) "sujeta a la aplicación" de un Acuerdo de Sede, a lo que el Gobierno polaco se ha negado hasta ahora.

Este tipo de acuerdos regulan el estatus de cualquier institución de la Unión Europea en un Estado miembro, incluyendo la situación de sus empleados, y es similar al que tienen las embajadas.

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