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El abogado de Fujimori denuncia a ministros por tortura y abuso de autoridad

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El abogado de Fujimori denuncia a ministros por tortura y abuso de autoridad

El abogado de Fujimori denuncia a ministros por tortura y abuso de autoridad

El abogado del expresidente Alberto Fujimori denunció hoy ante la Fiscalía de la Nación a los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia de Perú, así como al jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), por la supuesta comisión de los delitos de tortura y abuso de autoridad contra su defendido.

El abogado William Castillo declaró a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) que su denuncia está dirigida contra la ministra de Exteriores, Eda Rivas, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, y el presidente del Inpe, José Luis Pérez Guadalupe.

Añadió que en la acusación también se ha incluido a la funcionaria Katty del Águila, directora del penal policial de Lima donde Fujimori cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.

Según Castillo, Fujimori "es víctima de continua hostilización, acoso y maltrato" y, además, es humillado públicamente ante la prensa y la ciudadanía.

"(Esta) situación está prohibida y proscrita por todo tratado nacional e internacional", acotó.

La denuncia se presentó días después de que las autoridades del Inpe decidieran cortar la línea del teléfono público del penal, que Fujimori utilizó la semana pasada para responder a una entrevista con la emisora RPP.

El domingo, Fujimori afirmó, en un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter, que su incomunicación con el exterior le ha producido una subida de la presión arterial, ansiedad y vértigos.

"El gobierno ha decidido no seguir las recomendaciones de cinco psiquiatras (respecto a su cuadro de depresión) porque atenta contra el objetivo de eliminar a Fujimori", aseguró.

Durante la entrevista ofrecida el jueves pasado, Fujimori afirmó que se siente "totalmente inocente y con la conciencia tranquila" con respecto a la sentencia que recibió por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).

Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado que dio en abril de 1992.

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