Funcionarios catalanes reciben la carta que pide velar por fondos públicos

Los 1.500 funcionarios de las 993 entidades locales de Cataluña a los que el Gobierno ha enviado una carta instándoles a no colaborar con la organización del referéndum secesionista ya han comenzado a recibir la misiva, en la que se les pide que velen por el adecuado destino de los fondos públicos.

Según han confirmado a Efe fuentes del Gobierno, las cartas ya han comenzado a llegar a su destino: algo más de 1.500 funcionarios, entre secretarios e interventores, de 993 entidades locales de Cataluña, ante la posibilidad de que participen en una consulta que “reiterados pronunciamientos” del Tribunal Constitucional han dicho que vulnera la Carta Magna.

En concreto, la carta del Gobierno va dirigida a los secretarios generales y a los interventores económicos de los ayuntamientos de municipios con más de 500 habitantes. Ambas figuras se fusionan en un solo funcionario en los consistorios de localidades con menos de 500 habitantes.

Son ellos los destinatarios porque, en la escala funcionarial de la administración local, son los responsables jurídicos y económicos de los ayuntamientos.

Una misiva que el Gobierno ha remitido para recabar la colaboración de esos funcionarios a la hora de asegurar el cumplimiento de la ley en cada entidad local, “en la medida en que la Generalitat quiere descargar en los ayuntamientos gran parte de su responsabilidad en la organización de dicho referéndum”.

“Debe tenerse en cuenta que un proceso de esta naturaleza atenta” contra los artículos 1.2, 2, 9.1, 81, 92 y 168 de la Constitución, así como los artículos 1 y 2.4 del Estatut, dice la misiva.

El Gobierno recuerda “la obligación del respeto a la legalidad constitucional y estatutaria”, de modo que no pueden colaborar en la organización del referéndum sobre la independencia.

Ha sido el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, el encargado de remitir la carta a 947 ayuntamientos de toda Cataluña, 4 diputaciones provinciales y 42 comarcas.

El Gobierno ha querido dirigirse a los funcionarios responsables de los ámbitos jurídico y económico de los ayuntamientos para recabar su colaboración, asegurar el cumplimiento de la Constitución y “preservar el adecuado destino de los fondos públicos”.

Por eso, el ayuntamiento correspondiente no puede ayudar a que ese referéndum tenga lugar mediante la formación del censo, la constitución de las mesas, la designación de locales electorales o la reserva de lugares públicos para actos de campaña (son casos que menciona el Gobierno en la carta).

El Ejecutivo termina la carta brindando toda su colaboración a estos funcionarios de la administración local ante “las dudas o incertidumbres” que les puedan surgir si el ayuntamiento al que están adscritos contraviene “las reiteradas advertencias” del Constitucional.

Hoy se ha conocido que la futura ley de referéndum prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el sí en la eventual consulta del 1 de octubre, sin fijar un mínimo de participación, un texto que el Gobierno ha tachado de “antidemocrático” y que asegura que no se aplicará.