La Fundación Nous Catalans cree que la expulsión Ziani se debe al proceso soberanista

La Fundación Nous Catalans y la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña creen que la orden de expulsión de Noureddine Ziani es una maniobra del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para dar miedo a la inmigración que se interesa y se implica en el proceso soberanista de Cataluña.

En un comunicado hecho público por estas entidades se asegura que con esta medida se quiere además descabezar de raíz cualquier proceso de modernización del islám para seguir estigmatizando o criminalizando a toda la población musulmana.

El Centro Nacional de Inteligencia ha propuesto al Gobierno la expulsión de España del ciudadano marroquí y dirigente musulmán Noureddin Ziani, por, entre otras cosas, amenazar la seguridad nacional y comprometer las relaciones de España con otros países.

Las mismas fuentes afirman que Ziani es el Presidente de la Unión de Centros Culturales Islámicos de Cataluña (UCCIC), una entidad que trabaja por “la plena integración de los musulmanes en Cataluña y que busca un encaje de la religión musulmana a partir de los valores compartidos como el respeto, la paz, o la igualdad de género” y que es “el principal opositor musulmán al salafismo y radicalismo” en España.

En el comunicado dicen que les sorprende que entre los motivos de la orden de expulsión se aluda al fomento del salafismo y el radicalismo, y que en cambio no se expulse a contrastados dirigentes salafistas y radicales, o que se toleren encuentros de extremistas en varias ciudades catalanas, donde han pasado entre otros Mohammed Merah, acusado de un tiroteo con víctimas mortales en una escuela judía en Francia.

Explican que Ziani, que no tenía antecedentes, fue detenido el viernes 3 de mayo por agentes del CNI y de la Policía Nacional, y que tras ser preguntado sobre su relación y colaboración con asociaciones que defienden la independencia de Cataluña lo dejaron en libertad, comunicándole su próxima expulsión de España “sin abrirse ningún proceso judicial y sin tener derecho a defenderse”.

Estas entidades piden a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se anule la orden y que se respete la democracia y la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña a decidir su propio futuro colectivo sin amenazas y sin expulsar del país de forma ilegal a aquellos dirigentes de la inmigración que se pronuncian “a favor de esta libertad”.