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Galicia fija un tiempo máximo de 60 días para operaciones de dolencias graves

Galicia fija un tiempo máximo de 60 días para operaciones de dolencias graves

EFE

Santiago de Compostela —

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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado hoy la aprobación del decreto de sistema de garantía de tiempos máximos de espera que fija para las enfermedades graves no urgentes un plazo máximo de 60 días y que incluye a más de 100 patologías.

Núñez Feijóo, en conferencia de prensa tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, acompañado del conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, ha explicado que con la normativa que ha recibido hoy luz verde, el máximo de tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas se sitúa en 60 días, mientras que el de consultas externas y pruebas diagnósticas lo hace en 45 días.

El objetivo de este decreto es completar la “autonomía del paciente” que cada vez podrá decidir al respecto de su atención médica contando con más información.

De este modo, cuando el centro en el que esté el paciente no permita dar cumplimiento a estos tiempos máximos, el paciente podrá decidir esperar en la lista de espera que le corresponde si su salud así lo permite, trasladarse a otro centro sanitario público de la Comunidad o bien tomar la decisión de ser atendido en un centro “concertado” y acreditado en la Comunidad Autónoma cuyo coste abonaría el propio Sergas.

No obstante, el conselleiro ha explicado que este “sería el último mecanismo”, que entienden que no será necesario, pero que se establece con el fin de “cubrir cualquier hipotético caso”.

Las estimaciones del Gobierno gallego consideran que con este decreto, alrededor de 15.000 personas podrán beneficiarse en un año de las nuevas medidas.

Con este decreto se pasa de una gestión global de tiempos de espera por prioridades, para todas las dolencias, a “un compromiso individual por patología”, teniendo en cuenta la gravedad de las patologías, la efectividad y la oportunidad de la atención sanitaria y los protocolos de priorización.

La normativa, según el titular de Sanidad, afecta a 108 patologías oncológicas malignas, valvulopatías, patologías vasculares arteriales, patologías cerebrales benignas y patologías oftalmológicas.

Además, se incluyen enfermedades relacionadas con la insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral severa, aneurismas cerebrales, o desprendimiento de retina e hidrocefalia, entre otras.

En cuanto a las dolencias oncológicas, el texto hace referencia tanto al campo de las cirugías, que incluyen neoplasias, tumores neuroendocrinos y carcinomas, como las primeras consultas y pruebas diagnósticas y terapéuticas recogidas en las vías rápidas establecidas para cáncer de pulmón, mama, colorrectal, próstata, vejiga, cabeza y regazo y melanoma.

Aunque la intención es que a estas dolencias se incorporen otras de manera progresiva aunque no hay “límite” para saber cuáles serán las nuevas adhesiones, ha apuntado Almuiña.

Ambos dirigentes han hecho hincapié en que la nueva normativa es “pionera” y favorece a la autonomía del paciente puesto que se suman a los decretos que regulan el derecho a la segunda opinión médica, al que se han acogido mil personas, a la libre elección de profesionales y centro hospitalario, al que se han adherido más de 220.000 personas, y al que regula el funcionamiento del Registro gallego de instrucciones previas en situaciones graves o irreversibles que han suscrito 6.750 pacientes.

El texto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Diario Oficial de Galicia y será de aplicación para las personas que, dentro de estas casuísticas, estén ya en esta fecha en las listas de espera del Servicio Gallego de Salud y para los nuevos procesos de enfermedad, ha explicado el conselleiro.

Según el presidente gallego, este decreto está orientado a poner a disposición de los pacientes “más derechos” y un mejor sistema sanitario que en los últimos años ha mejorado su organización pero también sus infraestructuras y tecnologías.

Por otro lado, el Consello da Xunta también dio luz verde al decreto que regulará el Observatorio Gallego de Acción Voluntaria, un órgano colegiado de participación, investigación y asesoramiento en las políticas de voluntariado que se pondrá en marcha en el tercer trimestre del año.

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