La Generalitat vuelve a enviar los certificados exigidos por Hacienda y Montoro ve demostrado su “caos”

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que su departamento recibió el pasado lunes y este miércoles las certificaciones de la interventora de la Generalitat de Cataluña sobre los gastos realizados por el Gobierno autonómico, que el vicepresidente catalán Oriol Junqueras se había negado a remitir y que anunció que no volverían a enviar.

En comparecencia ante el Congreso, Montoro ha asegurado que los dos envíos han llegado firmados por la interventora, no por Junqueras como todos los anteriores, y que Hacienda está revisando la documentación para comprobar que ningún pago de la administración catalana va dirigido a la organización del referéndum de independencia del uno de octubre. El informe del lunes es el que la Generalitat debió enviar la semana pasada y el de este miércoles, el correspondiente a la semana actual.

El ministro ha explicado que la llegada de esta documentación añade más “confusión” al “proceder errático” de la Generalitat y al “caos” con el que está funcionando, ha dicho. Las certificaciones han llegado además, según ha dicho, “sin que nadie explique nada” ni nadie “rectifique” a Oriol Junqueras, quien anunció que dejaba de enviar estos informes porque la Generalitat se atiene ya a una nueva legalidad propia, no a la del Estado.

El responsable de Hacienda ha afeado la desaparición de la firma de Junqueras en esos informes cuando no debería “esconderse” sino asumir la responsabilidad de certificar los gastos. “Esta tarde le envío otra carta recordándole que los acuerdos de la Comisión Delegada son de obligado cumplimiento y que espero que los cumpla y los haga cumplir”, ha agregado.

Montoro ha censurado que se está situando a los funcionarios catalanes en una situación delicada y ha aplaudido el trabajo de todos ellos “en situación de mucha presión”, especialmente el de la interventora: “El informe de esta funcionaria es lo que hay que hacer, seguir cumpliendo la legalidad vigente”.

INTERVENCIÓN “INDEFINIDA”

Montoro ha comparecido en el Congreso a petición propia para explicar las medidas reforzadas de control impuestas a la Generalitat ante el reto secesionista, la asunción por Hacienda de los pagos de nóminas y de los servicios básicos fundamentales, así como la no disponibilidad presupuestaria y la instrucción a las entidades de crédito para que sólo acepten pagos con informe de legalidad de Hacienda.

Ha insistido en todo momento en que estas medidas están amparadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y por la Constitución y ha subrayado que se mantendrán por tiempo indefinido, “el que sea preciso” para garantizar el atenimiento a la legalidad vigente y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

Con respecto a esos pagos que va a realizar Hacienda directamente, ha recordado que se realizan con los fondos del sistema de financiación que corresponden a Cataluña y que ya no va a transferirle el Gobierno, 1.463 millones mensuales.

El Gobierno está a la espera de que la Generalitat le dé la información necesaria para poder pagar y que espera resolver esto pronto; en el caso de los funcionarios y por si el Ejecutivo de Carles Puigdemont no colabora, ha anunciado que se busca la fórmula para abonar las nóminas. “Lo que nos faltaba es que acaben pagando los funcionarios y sus familias. Eso no puede ocurrir, eso no va a ocurrir”, ha afirmado.

LÍMITES A LA AUTONOMÍA FINANCIERA

Cristóbal Montoro ha explicado que la Constitución ordena que la autonomía financiera de las comunidades se debe ejercer dentro de la coordinación que le corresponde al Estado y del principio de solidaridad interterritorial. También está sujeta al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. “Hay más artículos que el 155”, ha ironizado el ministro, en referencia al polémico artículo constitucional que abre la puerta a la suspensión de la autonomía de una comunidad.

Este es el marco legal, ha continuado el ministro, de los controles impuestos a la Generalitat de Cataluña: el Estado puede actuar para garantizar la estabilidad, la capacidad de coordinación del Gobierno y el principio de solidaridad y “puede hacerlo limitando la autonomía financiera de una comunidad, por supuesto, porque esa autonomía no es ilimitada, los límites están en la Constitución”.

Ha añadido que en este mismo marco se aprobó la Ley de Estabilidad presupuestaria, con el voto a favor de CiU, que también apoyó la regulación de los fondos de liquidez puestos en marcha para facilitar financiación a las Comunidades, especialmente a Cataluña. Y esa ley contenía medidas coercitivas que ya en otras ocasiones se han aplicado sin que la Generalitat las haya recurrido nunca ni incumplido.

Por ejemplo, el año pasado Cataluña y otras siete autonomías aprobaron a instancias de Hacienda acuerdos de no disponibilidad presupuestaria “ante el elevado riesgo de incumplimiento” del objetivo de estabilidad. Ya en 2015, Hacienda impuso controles adicionales a la Generalitat, como un informe mensual de la Intervención sobre la legalidad de los gastos que la Generalitat envió puntualmente.

“Aquello tuvo la misma raíz política. ¿Dónde está la diferencia ahora?”, ha preguntado el ministro, que también ha planteado a los diputados si los incumplimientos de ahora se pueden llamar “desobediencia”.