La Generalitat se dispone a devolver bienes de Sijena, pero dice que necesita tiempo

La Generalitat se dispone a cumplir la resolución de un juzgado de Huesca que le insta a devolver a Aragón 97 piezas del Monasterio de Sijena, cuya venta a Cataluña declaró nula, si bien considera que la fecha límite del 25 de julio dada por la magistrada es incompatible con los trámites administrativos a que obliga la ley.

En declaraciones a Efe, el conseller de Cultura, Santi Vila, ha indicado que la Generalitat tiene “la obligación de cumplir con la ejecución provisional de sentencia” dictada por el juzgado oscense y que lo hará “tan rápidamente como sea posible”, aunque ha puntualizado: “Cualquier decisión que tomemos tiene que ser ajustada a derecho”.

“Desde el punto de vista del Derecho Civil, ella puede hacer la sentencia que considere más justa, pero nosotros también hemos de ajustar nuestro comportamiento a derecho desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista patrimonial”, ha remarcado.

Vila ha añadido, en este sentido, que antes de efectuar la devolución son necesarios dos trámites: el primero, que se reúna la Junta de Museos de Cataluña para que se le informe sobre la ejecución de la sentencia; y el segundo, “la incoación de un expediente por el Departamento de Economía para que todos estos bienes sean desafectados desde el punto de vista patrimonial”.

“Por tanto, en los próximos días nosotros presentaremos este escrito y confío en que la juez comprenda que no es tan sencillo ejecutar la sentencia”, ha remarcado el conseller de Cultura.

“Le intentaremos hacer ver -ha agregado Vila- que, mas allá de la voluntad de cumplir con una sentencia, hay también todo un marco legislativo que la propia ley española ya recoge y contempla, que es uno de los supuestos en los que no es tan fácil resolver judicialmente una acción”.

Pese a la disposición a cumplir con la resolución de la juez, Vila ha mostrado su convencimiento de que en este litigio “tenemos razón y al final acabaremos consiguiendo que se nos dé la razón”.

Vila entiende que en la sentencia “hay algunas incoherencias muy evidentes”, como instar el retorno de unas piezas de arte, “pero no pide que se retornen a su propietario, pide que sean retornadas al gobierno de Aragón, que no tiene nada que ver en todo esto”.

“Suponiendo que esta venta haya sido nula -ha explicado el conseller-, es evidente que tan importante como retornar las piezas, lo es retornarlas a su legítimo propietario, y que este legítimo propietario, cuando esto sea firme y reconocido, retorne el dinero que se pagó a la Generalitat de Cataluña”.

Para el conseller, “la sentencia es extraña de comprender porque no tiene demasiado sentido que se anule una compraventa, pero que solo se repare a una de las dos partes después de la anulación”, por lo que prevé aún “un conflicto muy largo a la vista de cómo se desarrollan los acontecimientos”.

“Si alguna vez es firme una sentencia judicial que dice que se anula esta compraventa, es evidente que en este caso la Congregación de monjas sanjuanistas deberá retornar el dinero a la Generalitat: es obvio”, ha argumentado Vila.

La titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, Carmen Aznar, ha solicitado a la Generalitat que informe al Gobierno aragonés antes del próximo 20 de julio del plan previsto para el traslado de las 97 piezas del Monasterio de Sijena, cuya venta a Cataluña fue declarada nula por el tribunal oscense.

Esta petición se recoge en la parte dispositiva de un auto hecho público hoy en el que la responsable judicial rechaza el recurso de revisión interpuesto por la parte catalana en el conflicto contra la sentencia que ordenó a la Generalitat y al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) devolver los bienes reclamados desde Aragón.

En su auto, la responsable judicial señala que ambos altos tribunales le reconocen la legitimidad única para ejecutar la sentencia, y recuerda que fijó días atrás la fecha del 25 de julio como plazo máximo para trasladar las piezas en litigio a Sijena.

Añade la juez que por el momento no procede la adopción de medidas coercitivas para garantizar la devolución, “en la confianza de que la Generalitat proceda conforme a derecho”.