La Generalitat recurrirá las medidas cautelares del TSJC sobre el castellano

La consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, ha anunciado hoy que la Generalitat recurrirá las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para garantizar la educación en castellano de seis alumnos, al entender que no tienen ningún sentido ni hay riesgo para los niños.

La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha dictado hoy seis autos distintos en los que requiere a la consellería para que adopte de forma cautelar las medidas necesarias para que seis alumnos de infantil, primaria y secundaria tengan el castellano y el catalán como lengua vehicular de su enseñanza.

En declaraciones a los periodistas, Rigau ha anunciado que recurrirán esta resolución ante el propio TSJC, ya que entiende que no tiene “ningún sentido” aplicar las medidas cautelares porque no existe “ningún riesgo ni peligro” de que los alumnos que cursan en Cataluña no acaben dominando el catalán y el castellano al finalizar sus estudios.

Rigau, que ha recordado que la Ley de Enseñanza de Cataluña (LEC) ya prevé la atención individualizada para los alumnos de P-3, P-4 y P-5 cuyos padres reclamen su escolarización en castellano, ha destacado que los autos notificados cuentan con un voto particular de uno de los magistrados que remarca que la decisión adoptada “va más allá” del contenido propio de una medida cautelar.

En los autos notificados hoy, el TSJC requiere a la consellería para que adopte, de forma cautelar, las medidas para que los seis alumnos reciban educación tanto en castellano como en catalán, hasta que se resuelva la impugnación que los padres plantearon a una resolución del departamento que desestimaba sus pretensiones sobre el régimen lingüístico de la enseñanza no universitaria.

Rigau ha destacado que en los autos se limitan las medidas cautelares a los seis alumnos, y no al conjunto de la clase en la que estudian como reclamaban los padres, aunque no obstante ha insistido en apuntar que aplicar estas medidas antes de que haya sentencia “no tiene ningún sentido” porque no hay riesgo de producir “daños irreparables” en los alumnos.

Como ha hecho siempre que ha habido una resolución judicial en términos parecidos, Rigau ha destacado que la aplicación de casi treinta años del modelo de inmersión lingüística en catalán en Cataluña ha supuesto un éxito educativo que ha garantizado que los alumnos acaben la escolarización con el pleno dominio tanto del catalán como del castellano.

Por este motivo, ha apuntado que detrás de las reivindicaciones de los padres no encuentra un temor a que sus hijos no conozcan el castellano, sino que aprecia una cuestión “más política que pedagógica”.

En este sentido, ha destacado que algunas de las escuelas en las que estudian los niños objeto de la resolución judicial copan los listados de un mejor conocimiento del castellano y del catalán en las pruebas externas del sistema, y que no le consta ningún tipo de “malestar” lingüístico en estos centros.

Rigau, que ha situado como origen de la problemática la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut -que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, junto con el catalán-, ha insistido que no aceptarán que desde fuera de Cataluña se le diga a la Generalitat cómo se tiene que enseñar en Cataluña.