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'Génova' sale en defensa de las actividades de De la Serna y recalca que son anteriores a su condición de diputado

"Esa actividad es absolutamente legal y, sobre todo, es previa a la adquisición de su condición de diputado", dice en un argumentario

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'Génova' sale en defensa de las actividades de De la Serna y recalca que son anteriores a su condición de diputado

La dirección nacional del PP ha defendido este miércoles la legalidad de las actividades profesionales del diputado del Grupo Popular Pedro Gómez de la Serna, después de que se haya publicado que, tanto él como el actual embajador en la India y exdiputado Gustavo de Arístegui, han ejercido como "conseguidores de contratos públicos" en el exterior para empresas españolas. Además, hace hincapié en que se trata de una actividad que empezó a realizar antes de ser parlamentario.

"Esa actividad era y es absolutamente legal y, sobre todo, es previa a la adquisición de su condición como diputado", proclama el PP en un argumentario interno, que ha recogido Europa Press, que se centra en las actividades de De la Serna y no hace mención a Arístegui.

Al publicarse las informaciones, el propio De la Serna ofreció explicaciones a la cúpula del PP, que considera que no ha incurrido en ninguna ilegalidad, según las fuentes consultadas. Además, el diputado ha ofrecido una rueda de prensa para explicarse y ha anunciado acciones legales.

UNA ACTIVIDAD "PREVIA"

Según recalca el PP en su argumentario, la actividad de supuesto conseguidor de contratos que se le atribuye corresponde a una actividad profesional "previa" a su condición de diputado, que adquirió en diciembre de 2011. Explica que después de trabajar en un gran despacho de abogados, a finales de 2007 y principios de 2008, Gómez de la Serna creó su propio despacho de abogados con funciones típicamente de carácter jurídico.

Añade que entonces fundó también una consultora para ayudar a empresas inicialmente españolas, aunque luego tuvo como clientes a empresas norteamericanas y de otros países, para ayudar a empresas españolas a abrir mercados internacionales, asesorarles en su proceso de internacionalización y fundamentalmente, en la búsqueda de oportunidades de negocio en países emergentes.

Según abunda, esa actividad era y es "absolutamente legal" y se ha desarrollado "fuera de España". "Nunca en este país, ni en el ámbito de los negocios públicos, ni en el ámbito de los negocios privados", apostilla, para recalcar que esa actividad tampoco ha tenido "ninguna relación" con el "ámbito público" de esos países extranjeros.

Además, el PP explica que cuando en diciembre del 2011 pasa a ser diputado declara esa actividad (tanto la jurídica como la asesoría empresarial) en el Congreso de los Diputados y la comisión del Estatuto de los Diputados la aprueba "sin ninguna incidencia y por unanimidad". Es más, el PP dice en el citado argumentario que "también se aprueba en pleno sin ningún tipo de oposición o comentario".

El PP destaca que el contrato con Elecnor al que hace referencia la información publicada por 'El Mundo' y la Cadena Ser también es previo a su nombramiento como diputado. "Aun así, aunque fuera posterior, sería igualmente legítima y tendría la misma cobertura gracias a la autorización del Congreso de los Diputados. Pero es anterior", resalta.

INTENTO DE EXTORSIÓN

En el mismo argumentario interno, el PP dice que desde marzo De la Serna asegura ser objeto "de una extorsión en toda regla" por parte de un excomercial de su empresa, y por lo que ha presentado hasta cuatro denuncias en una Comisaría de Madrid.

Las denuncias son por coacciones, acoso y amenazas. Dicho chantaje está documentado en las denuncias y está demostrado en correos electrónicos, en sms, en Whatsapp y en terceras personas. El chantaje consistía en la petición de una elevada cantidad de dinero. Además de las cuatro denuncias, recuerda que el diputado llevó a juicio penal a esta persona y la sentencia declara "los hechos probados y reconocidas las amenazas, aunque no les otorga relevancia penal".

Ante ello, prosigue el PP, Gómez de la Serna recurrirá ante la Audiencia Provincial y ha asegurado que el intento de chantaje también se produjo a la empresa de Gustavo de Arístegui y a la propia Elecnor.

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