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El Gobierno accede a sustituir la Agencia de Transparencia por un Consejo con "mayor independencia y especialización"

Tiende la mano a los grupos durante la tramitación de la ley porque quiere que sea "de todos"

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El Gobierno accede a sustituir la Agencia de Transparencia por un Consejo con "mayor independencia y especialización"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo va a acceder que el órgano que vele por el cumplimiento de la Ley de Transparencia no sea finalmente la denominada 'Agencia de Transparencia' que prevé el proyecto gubernamental, sino que se sustituya por un 'Consejo de Transparencia y Buen Gobierno' "con mayor transparencia y especialización".

De esta forma, el Ejecutivo da respuesta a la queja de todos los grupos por la excesiva dependencia del Ejecutivo del órgano que se proponía en el texto aprobado en Consejo de Ministros. Además, ha confirmado que la Casa Real y el Banco de España serán incluidos expresamente en la Ley de Transparencia a petición de ambos, dando así satisfacción también a las peticiones de la oposición.

Sáenz de Santamaría ha avanzado estas novedades durante el debate de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de Ley de Transparencia. Durante su intervención ante el Pleno del Congreso, ha tendido la mano a los grupos para alcanzar consensos en la tramitación parlamentaria. "Hay una voluntad del Gobierno de llegar al acuerdo más amplio posible con todos los grupos y les ofrezco que trabajemos juntos", ha proclamado.

PRIMERA LEY QUE INCLUYE EXPLÍCITAMENTE A LA CASA REAL

La portavoz del Ejecutivo ha señalado la Casa Real se someterá al "mismo régimen de transparencia" que el Congreso, el Senado o al Tribunal Constitucional. Según ha subrayado, se trata de un "avance impulsado activamente por la Monarquía" que hará que España tenga la "primera ley" de Transparencia en Europa que "incluye explícitamente a la Casa Real".

Además, ha adelantado que se incluirá al Banco de España, que será "mencionado de forma expresa" en la ley, tal como pidió la propia institución o el BNG. También ha recalcado que promoverán la inclusión en esta norma de las instituciones privadas que reciben una "financiación pública relevante", un porcentaje de dinero público que están aún por determinar.

INFORMACIÓN DE CONTRATOS, SUBVENCIONES Y SUELDOS

Sáenz de Santamaría ha avanzado que la Ley de Transparencia, que irá acompañada de la puesta en marcha de un Portal de la Transparencia, permitirá obtener información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos.

Ante la duda sobre si, dentro de esa información relevante debe incluirse el perfil profesional de los responsables de los diferentes órganos públicos, ha dicho que "promoverán su inclusión expresa en la ley", como reclaman algunos grupos.

SANCIONAR A LOS CARGOS, SEA CUÁL SEA LA ADMINISTRACIÓN

Ante los reparos de los grupos nacionalistas por la invasión de competencias en el capítulo dedicado al 'buen gobierno' --por la facultad que se concede a Hacienda para sancionar o incluso cesar a alcaldes--, la ministra de la Presidencia ha subrayado que al Ejecutivo "le preocupa el que se sancione y se persiga", "no tanto quien lo haga".

"No queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras", ha dicho, para añadir que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya ha "impuesto" nuevas obligaciones a las administraciones pero los ciudadanos "demandan también una responsabilidad a nivel individual".

A renglón seguido, ha explicado que la autoridad fiscal independiente y otros organismos de fiscalización pueden ayudar en esta tarea, ya que "su independencia" permite "poner en conocimiento de cada administración" la vulneración de las normas de buen gobierno para que incoen el procedimiento e impongan la correspondiente sanción.

Finalmente, Sáenz de Santamaría ha insistido en su voluntad de pactar esta norma, ya que, según ha dicho, lo que quiere el Gobierno es que sea una "ley de todos", que marcará "un antes y un después" en el funcionamiento de las instituciones y las administraciones. "Es una ley necesaria e inaplazable", ha aseverado.

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