El Gobierno evita hablar de aplicación del artículo 155 en Cataluña y se remite a actuaciones ante el TC y la Fiscalía

El Gobierno evita por el momento hablar de una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución --que prevé medidas contundentes para obligar a las comunidades autónomas al cumplimento forzoso de la legalidad-- en relación con el denominado 'procès' en Cataluña. Mantiene que se actuará ante el Tribunal Constitucional y la Fiscalía para dar cumplimiento al Estado de Derecho desde la convicción de que el referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre “no va a celebrarse”.

Así se señala en fuentes del Ministerio de Justicia consultadas este miércoles en relación con el proyecto de ley con el que el Gobierno catalán y los partidos independentistas pretenden regular la convocatoria de referéndum para el próximo 1 de octubre.

Desde el Ejecutivo se mantiene que hay que trasladar a los ciudadanos la confianza absoluta de que en que nuestro Estado de Derecho cuenta los mecanismos para que la ley se cumpla. Por ello mantiene que no está sobre la mesa en ningún caso la aplicación del artículo 155 porque además ello contribuiría a 'victimizar' a los independentistas, que lo tomarían como una amenaza. “No amenazamos a nadie”, señalan las mismas fuentes.

El Gobierno recuerda que en 2003, durante la presidencia de José María Aznar, se incluyó como delito la celebración de referéndums ilegales, y que dicho artículo fue derogado con posterioridad durante el mandato socialista. Por ello, se señala que tenemos el Código Penal que tenemos, si bien éste se considera suficiente para hacer frente al desafío independentista.

Las mismas fuentes insisten en que se seguirá con el mismo eje de actuación que el seguido hasta ahora, y que ha propiciado que el Tribunal Constitucional haya prohibido incluso los actos preparatorios para una eventual consulta independentista. El Gobierno actuará si durante el próximo mes de agosto materializa el proyecto de ley ayer anunciado tanto ante el Tribunal Constitucional como ante la Fiscalía en el caso de que se cometieran delitos.

En este sentido, apuntan que en ocasiones parece apreciarse una realidad por parte de los promotores del 'procés' que se encuentra “distorsionada”, y que la realidad es que a día de hoy hay dirigentes inhabilitados por la justicia y cargos que van a tener que pagar de su bolsillo determinados gastos. “Esto es la realidad, lo demás es una ensoñación”, se insiste desde el Gobierno.