El Gobierno asegura a Compromís que “no tiene intención” de cesar a Moragues por los incidentes del 9 d'Octubre

El senador presentó dos preguntas al Ejecutivo, una sobre “por qué se permite desde la Delegación de Gobierno que se profieran gravísimos insultos y amenazas a cargos públicos durante la procesión cívica” del 9 d'Octubre y otra sobre si piensa el Gobierno cesar al delegado “por inútil y por dar impunidad de los grupos de extrema derecha en Valencia”, aludiendo a los altercados en la manifestación de la tarde.

En relación con la pregunta de referencia, el Gobierno explica a Mulet que el operativo de seguridad con motivo del 9 d'Octubre se planificó previamente y la Comisaría Provincial de Valencia elaboró un complejo dispositivo de seguridad con una prioridad: la protección de las personas y de los bienes.

Por la mañana prestaron servicio 530 agentes de la Policía Nacional y por la tarde 514, casi el doble que el año anterior, detalla. Además, la Policía Local aumentó su dispositivo con 20 efectivos más y la Unidad Adscrita también reforzó su dispositivo frente a años anteriores.

Respecto a la Procesión Cívica de la mañana del día 9, señala que la seguridad de los participantes corresponde a la Policía Local de Valencia y “lo prioritario en estos casos es garantizar el ejercicio del derecho fundamental de manifestación”. En todo caso, remarca que “no hubo incidentes que impidieran el recorrido de la citada procesión, aunque sí profusión de gritos, pitidos e insultos hacia los representantes políticos”.

En cuanto a la manifestación de la tarde, convocada por la 'Comissió 9 d'Octubre', indica que a esta manifestación asistieron unas 700 personas, a las que se unieron otras 300 personas “en una concentración no comunicada de CUP (Candidatura de Unidad Popular), Arran y Endavant (Organització Socialista d'Alliberament Nacional)”, colectivos que desplegaron sus propias pancartas con un lema diferente ('L'independència es l'únic camí'). De este modo, en la Plaza de San Agustín (inicio de la manifestación) se concentraron alrededor de 1.000 personas.

Por otro lado, se señala que en una concentración “donde no había convocante alguno” en los alrededores de la Plaza de San Agustín, Plaza de Toros, calle Xàtiva y calle Colón “hubo una congregación de unas 5.000-7.000 personas en defensa del valencianismo y evidenciando su oposición al proceso independentista catalán” y “una concentración no comunicada de defensa de la unidad de España a la que se unieron grupos ultra de extrema derecha”.

El Gobierno detalla la cronología de los hechos y cómo a las 17.35 horas “se registraron conatos de enfrentamientos y carreras entre grupos antagónicos, con insultos y cánticos en las calles aledañas a la plaza” que “se resolvían por la presencia policial”.

Las unidades policiales se desplegaron al inicio de la marcha y en los laterales para proteger el tránsito de los manifestantes, formando un cordón policial “para la protección de los manifestantes que se habían quedado rezagados en el punto de inicio” y se acordó con los concentrados variar el itinerario de la manifestación.

En relación a las identificaciones, explica el Gobierno que, “dadas las circunstancias que concurrieron en la manifestación comunicada y en las diferentes y multitudinarias concentraciones simultáneas, se determinó por los responsables de los dispositivos que lo prioritario --además de proteger el libre ejercicio de manifestación-- era la protección de las personas y de los bienes”.

“Se indica que el no hubiera identificaciones físicas in situ no quiere decir que la Policía Nacional no identificara. Así, en base a esta premisa se actuó en todo momento bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, señala, para agregar que “prueba de ello es el rápido restablecimiento del orden público donde pudo haber conatos de alteración del mismo”.

También resalta que no hubo heridos durante los hechos reseñados, “tampoco se produjeron daños en bienes y no hubo cargas policiales”.

Por lo que respecta a las detenciones, defiende la respuesta del Ejecutivo que “desde que sucedieron las agresiones hubo agilidad, rapidez y firmeza” y que “en apenas diez días la Policía Nacional detuvo, reseñó y tomó declaración a 13 presuntos agresores instando, además, a las personas que fueron agredidas o perjudicadas a que presentaran denuncias”.

La Policía Nacional ha trasladado a la Fiscalía Provincial de Valencia las diligencias de estas las 13 personas detenidas. En cada detención la Policía Nacional elaboró unas diligencias y unos informes pormenorizados y cada actuación se remite a la Fiscalía, que es quien hace un expediente con todos los hechos para, en su caso, dar traslado al Juzgado correspondiente para determinar si hay responsabilidad penal.